López Aliaga pierde en EE. UU.: Municipalidad deberá pagar $200 millones a Brookfield

La Municipalidad Metropolitana de Lima enfrenta otro revés en los tribunales de Estados Unidos en un caso que sigue generando controversia y cuestionamientos a la gestión del alcalde Rafael López Aliaga. La justicia norteamericana ratificó en varias instancias que la comuna limeña debe desembolsar aproximadamente 196 millones de dólares a la empresa canadiense Brookfield, propietaria de Rutas de Lima, debido a un incumplimiento contractual que, según los tribunales, fue ilegal.

El conflicto legal se remonta a la denuncia por parte de Brookfield, que acusó a la Municipalidad de Lima de haber violado un contrato válido, originando un proceso arbitral en el que los tribunales estadounidenses determinaron, en primera instancia, que la administración edil había actuado en contra de los acuerdos pactados. Desde entonces, la gestión de López Aliaga ha tratado por todos los medios de bloquear el pago, alegando irregularidades y abusos jurídicos, aunque los tribunales americanos han sido tajantes en sus decisiones.

Cuatro fallos en diferentes tribunales de EE. UU. rechazaron las solicitudes de la Municipalidad, señalando que los argumentos presentados carecían de sustento y que existía una evidente falta de buena fe por parte de la administración limeña. El 27 de mayo, un tribunal en Nueva York desestimó una citación contra Brookfield que buscaba impedir el pago, y el 17 de junio, la Corte Suprema del estado igualmente rechazó la suspensión de la ejecución de los laudos arbitrales.

El 20 de junio, en Washington D.C., un tribunal de distrito también reiteró su decisión de no detener la ejecución de la sentencia, calificando las declaraciones públicas del alcalde López Aliaga, en las que asegura que no pagará un solo dólar, como un uso político del sistema judicial de Estados Unidos. La jueza Ana C. Reyes dejó claro que la Municipalidad simplemente no presentó argumentos sólidos para suspender la decisión judicial y que, en términos legales, no puede evitar pagar lo que se le ordena.

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El último fallo, presentado el 24 de junio por la Corte de Apelaciones de Washington D.C., fue categórico al señalar que Lima no logró demostrar que sufrió un perjuicio real por la ejecución del fallo, y reafirmó la decisión de que el municipio debe pagar la millonaria suma a Brookfield, poniendo fin a las recientes tramitaciones judiciales en EE. UU.

Este fallo consolidó una derrota definitiva para López Aliaga, cuya estrategia de resistirse a pagar parece llenar de dudas su gestión y la credibilidad de su administración ante los tribunales internacionales. La sentencia, además, pone en evidencia las dificultades que enfrentan los gobiernos municipales al enfrentarse a mecanismos legales internacionales y a empresas transnacionales.