Los pasivos que José Jerí arrastra en su aspiración a la presidencia del Congreso

La carrera política del congresista José Jerí, representante de Somos Perú, ha sido objeto de controversia y cuestionamientos debido a su historial judicial y denuncias en su contra. A pesar de esto, su nombre suena con insistencia como uno de los posibles candidatos a presidir el Congreso en el periodo 2025-2026, situación que genera debates sobre si su perfil es adecuado para liderar la institución legislativa en medio de varias acusaciones pendientes.

Jerí, cuyo nombre aparece en las listas oficiales de bancada para liderar la Mesa Directiva, enfrenta una serie de denuncias que trascienden el ámbito político y se adentran en el penal. La primera de ellas, presentada en enero de 2025, lo acusa por presunta violación sexual durante una celebración de Año Nuevo en Canta. La denuncia, admitida por el Juzgado Civil de Canta, ordenó medidas de protección para la supuesta víctima y un tratamiento psicológico para Jerí debido a conductas impulsivas y sexuales patologicas. Sin embargo, el legislador no ha cumplido con las órdenes del tribunal.

La fiscalía ha incluído en su investigación a Jerí por delitos que van desde la desobediencia a la autoridad, por incumplimiento de medidas ordenadas en el proceso, hasta presunto enriquecimiento ilícito. La acusación por delitos patrimoniales destaca un aumento significativo en su patrimonio, revelando la adquisición de propiedades por valores superiores al millón de soles, a pesar de que en 2021 solo reportaba dos vehículos y una suma de S/ 97,000 en bienes. Su abogado afirma que las denuncias carecen de fundamento y que se trata de campañas de desprestigio motivadas por su proyección política.

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A pesar de las múltiples denuncias y procesos en curso, Jerí mantiene su intención de seguir en la contienda por la presidencia del Congreso. Desde su defensa, se argumenta que las pericias biológicas favorecen su postura y que las acusaciones son fabricadas. Sin embargo, la situación genera inquietudes acerca de la idoneidad de un candidato con antecedentes judiciales complejos para liderar una institución clave en la política peruana.

La Comisión de Ética del Congreso, con la aprobación de la mayoría, decidió en febrero no iniciar una indagación preliminar contra el legislador, decisión que también ha sido motivo de controversia. La opinión pública y los analistas políticos permanecen atentos a la resolución de estos casos, que podrían afectar no solo su carrera, sino también la credibilidad de la institución legislativa en un momento clave para el país.