Ley anti spam: el fin de las llamadas y mensajes no deseados en Perú.

Luego de varias postergaciones y debates intensos, el Congreso de la República finalmente sancionó una normativa clave para la protección de los derechos de los consumidores en Perú. La ley, que busca erradicar las llamadas y mensajes spam, obtuvo una aprobación mayoritaria con más de 100 votos a favor, a pesar de que en un inicio fue rechazada por la administración de Dina Boluarte en tres oportunidades.

El proyecto de ley, que ahora es una ley definitiva, tiene como objetivo principal salvaguardar la tranquilidad de millones de peruanos que, a diario, enfrentan una avalancha de llamadas no solicitadas, promociones y correos electrónicos automáticos para ofertas de servicios como tarjetas, planes telefónicos, cambios de proveedor o renovaciones, muchas veces sin su consentimiento. La norma establece que las empresas no podrán utilizar call centers, sistemas automáticos de llamadas, mensajes de texto en masa o correos electrónicos sin autorización explícita del usuario.

Manuel García Correa, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor (Codeco), reveló que Perú ocupa el segundo lugar en el mundo en recepción de llamadas spam, con aproximadamente 18 llamadas por persona cada mes, una cifra que evidencia la gravedad del problema. Aunque desde 2020 hasta 2023, Indecopi ha sancionado a 53 empresas por infringir regulaciones similares, las prácticas abusivas persistieron, evidenciando la urgencia de una normativa más efectiva.

El congresista José Luna subrayó que “no podemos permitir que siga el acoso y la coacción por ofrecer un servicio o producto. Todo consumidor tiene derecho a protección contra los métodos comerciales agresivos o engañosos”. Por su parte, Wilson Soto indicó que recibe llamadas incluso desde otros países, como India y Pakistán, “y muchas veces ni siquiera he autorizado esos contactos. Es molesto y hasta puede camuflar extorsiones”.

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Sin embargo, la aprobación de la ley no estuvo exenta de polémica. La administración de Dina Boluarte expresó en un oficio que la normativa podría limitar los intereses de las empresas y afectar a unas 20 mil personas que trabajan en call centers y sectores de telemarketing. La objeción principal se centraba en que la ley podría restringir la libertad de operación de estas compañías.

El argumento del Ejecutivo fue que la protección de los derechos del consumidor no debe sacrificarse por intereses económicos. Después de múltiples rechazos, el Congreso insistió en su postura, priorizando la protección de los usuarios y estableciendo que, a partir de ahora, toda práctica comercial intrusiva y no autorizada será sancionada y combatida con mayor rigor.

Con esta nueva legislación, el Perú da un paso decisivo en la defensa de los derechos del consumidor frente a las prácticas molestas y muchas veces engañosas. La esperanza es que, con la implementación efectiva, la población pueda disfrutar de mayor tranquilidad en sus comunicaciones diarias y que las empresas adapten sus estrategias a una normativa que prioriza el respeto y la autodeterminación del usuario.