La muerte de Castro deja muchas dudas en el juicio por corrupción de Villarán

El fallecimiento inesperado de José Miguel Castro, pieza clave en el caso de la exalcaldesa Susana Villarán, ha abierto un nuevo capítulo en la investigación por presunto lavado de activos y financiamiento irregular de campañas políticas en Lima. Castro, quien fue un exgerente municipal de confianza de Villarán, apareció muerto el domingo 29 de junio en su domicilio, generando suspicacias y cuestionamientos sobre el proceso judicial en curso.

Este exfuncionario, considerado uno de los personajes centrales en la estructura que supuestamente habría impulsado la red de financiamiento ilícito a favor de Villarán, llevaba cinco años en calidad de aspirante a colaborador eficaz. La Fiscalía ya había recibido información valiosa de Castro, quien en su momento admitió la participación en actos ilícitos relacionados con las campañas municipales y de reelección de la exalcaldesa. Entre las revelaciones, se encontraba la implicación de empresarios que prometieron millones en aportes para promover su reelección y la posible participación de expresidentes de empresas constructoras como OAS.

A pesar de las evidencias, los fiscales han enfrentado una larga y compleja situación para concretar la homologación de su acuerdo de colaboración eficaz, proceso que llevaba varios años en espera. La demora en la firma y validación de dicho acuerdo ha sido duramente criticada por expertos y abogados, quienes consideran que afectó seriamente la recopilación y la utilización de sus testimonios en el proceso judicial en marcha.

Diversos analistas legales señalan que la dilación en los procedimientos de colaboración eficaz no solo perjudica la justicia, sino que también favorece la impunidad. "El caso de Castro constituye un ejemplo de las fallas estructurales del sistema. Cuando un proceso tarda tanto tiempo, la evidencia puede perder vigencia o, peor aún, el testimonio puede no ser tomado en cuenta, como ocurrió en este caso, que ahora parece irremediablemente suspendido por su deceso", afirmó el abogado penalista Andy Carrión.

El fiscal José Domingo Pérez, a cargo de la investigación, reconoció la importancia de Castro para la causa y lamentó que su deceso haya llegado en un momento crucial. La falta de su colaboración eficaz deja abiertas muchas incógnitas en torno a las ilícitas operaciones y financiamientos que habrían facilitado la gestión de Villarán en la Municipalidad de Lima.

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Por otro lado, los abogados especializados coinciden en señalar que la demora en los acuerdos de colaboración no es un caso aislado, sino una práctica reiterada en el sistema judicial peruano, particularmente en casos de gran envergadura como Lava Jato. "Se ha llegado a una situación en la que se dilatan los procedimientos y se generan vacíos que, en última instancia, afectan a la justicia. La impunidad avanza y las pruebas físicas o testimoniales valiosas, como las de Castro, que podían esclarecer hechos, se pierden", sostuvo Espinoza.

Este caso reitera la necesidad de reformar los mecanismos internos para que los acuerdos de colaboración eficaz puedan concretarse en tiempos razonables, evitando que intereses internos o vacíos burocráticos perjudiquen la lucha contra la corrupción. La muerte de Castro deja muchas preguntas sin respuestas, y el sistema judicial enfrenta ahora la incertidumbre de cómo procesar la información que, en otro momento, pudo haber cambiado el rumbo del juicio.