La mitad del oro peruano que se exporta es ilegal .

Las cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas (Minem) revelan un panorama preocupante en la industria minera peruana: en febrero de este año, la producción registrada de oro fue de aproximadamente 7.8 millones de gramos finos, mientras que las exportaciones alcanzaron cerca de 15.8 millones de gramos finos. Esta disparidad, que ha venido en aumento durante toda una década, indica que casi el 50% del oro que abandona el país no está registrado oficialmente desde su origen, una situación que plantea serias dudas sobre la legalidad y transparencia de estas operaciones.

Aunque en un primer análisis podría suponerse que esta diferencia responde a un stock acumulado de años anteriores, los datos descartaron esta hipótesis. La misma tendencia se ha repetido de manera constante en los últimos diez años, y la proporción de exportaciones sin respaldo legal ha aumentado considerablemente. En 2015, por ejemplo, solo el 23% del oro exportado no tenía registros oficiales, lo que evidencia que en la actualidad esa proporción se ha duplicado, fortaleciendo la hipótesis de un mercado de oro en buena parte illegal.

El expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, advierte que «cerca del 50% del oro que exporta Perú proviene de minería ilegal. Esto implica que el Estado no recibe ingresos tributarios por esas operaciones, además de que dicha actividad se desarrolla al margen de los derechos laborales y en condiciones precarias para los trabajadores». Gálvez subraya que la minería ilegal no solo genera contaminación y daño ambiental, sino que también propicia un entorno de abuso laboral, donde las condiciones de los mineros son prácticamente de explotación.

Por su parte, Guillermo Shinno, exviceministro de Minas, sostiene que «la minería ilegal impide cerrar brechas sociales en regiones vulnerables, ya que los beneficios solo llegan a pequeños grupos, sin un impacto positivo a largo plazo para el país». Ambos coinciden en que, aunque el Ejecutivo ha implementado programas para formalizar la minería, estos no han sido suficientes para frenar el crecimiento descontrolado de la ilegalidad, que continúa expandiéndose con el apoyo, en muchos casos, de gobernadores regionales vinculados al Registro de Formalización Minera (Reinfo).

Impacto negativo en la producción formal y en la imagen del país

La consecuencia más tangible de la expansión ilegal ha sido la reducción de la producción minera formal. Durante el primer trimestre del año, la producción legal cayó un 10.9% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto afecta directamente a empresas responsables y establecidas, como La Poderosa en Pataz, que ha sido víctima de amenazas, daños materiales e incluso violencia física y asesinatos vinculados a las dinámicas criminales en la zona.

Publicidad

Gálvez señala que «si no se toman medidas efectivas, la problemática seguirá en aumento y podría profundizarse en un contexto electoral donde algunos actores políticos promueven la continuidad del Reinfo, a pesar de su vínculo con actividades ilegales». Para Shinno, el riesgo de que la situación empeore aún más en lo que resta del año y que la minería ilegal gane terreno es alto, especialmente ante un escenario electoral que podría verse marcado por financiamiento ilícito y candidaturas que prometen ampliar todavía más el alcance del Reinfo.

Ante esto, algunos expertos hacen un llamado a un cambio en las estrategias de fiscalización. En lugar de concentrarse exclusivamente en las actividades de los pequeños mineros, sugieren que «hay que comenzar a fiscalizar las plantas de procesamiento, porque desde ahí es posible rastrear el origen del oro ilegal y así cerrar el circuito de manera más efectiva».

El impacto de la minería ilegal trasciende las fronteras nacionales y afecta la percepción internacional del Perú. «Este problema genera incertidumbre y ahuyenta a posibles inversionistas que ven en estas irregularidades un riesgo para sus negocios», concluye Gálvez. La lucha contra la ilegalidad no solo requiere mayor rigor en la persecución delictiva, sino también un compromiso real por parte del Estado para reactivar y fortalecer la minería formal, elemento clave para el crecimiento económico sostenible y la protección del medio ambiente.