La Libertad en alerta: 15 organizaciones criminales luchan por controlar el oro en Pataz

La región de La Libertad enfrenta una grave crisis derivada de la expansión del crimen organizado en torno a la minería ilegal en la provincia de Pataz. Según informes de la Policía Nacional del Perú (PNP), en estos momentos, al menos quince agrupaciones delictivas compiten por el dominio del valioso mineral de oro, cuyo saqueo ilícito ha generado consecuencias alarmantes en toda la zona.

El crecimiento exponencial de estas organizaciones ha convertido la minería ilegal en un negocio altamente lucrativo y peligroso. La cuantiosa ganancia, que las deja por encima de cualquier autoridad local o regional que intente frenarlas, ha permitido que estas redes criminales se armen con armamento sofisticado, estableciéndose con fuerza en el territorio. La situación ha llegado al punto en que estas bandas no solo controlan la extracción, sino que también ejercen poder en varios niveles de la sociedad, introduciendo violencia, corrupción y miedo.

Organizaciones en pugna por el control

Durante una mesa de trabajo organizada por la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad, el titular de la entidad, Beder Martell Espinoza, expresó la gravedad del problema. En su intervención, reveló que en Pataz operan, al menos, quince grupos criminales que luchan por el control del oro explotado de manera ilegal. Entre ellos, se destaca la presencia de organizaciones con nombres como “La Jauría”, “Los Pulpos”, “La Nueva Jauría”, “Jauría Security”, además de “Los Malditos de El Triunfo” y “Los Malditos del Gran Marquez”. También figuran agrupaciones conocidas como “Bandidos de Corazón Humilde”, “La Gran FA”, “Los Nerds”, “Los Compadres”, “Los Solis”, “El Patrón”, “Los Ochenta”, “El Tren de Aragua” y “La Gran Alianza”.

Lo que ha despertado mayor atención en los últimos días es la notoriedad adquirida por “La Gran Alianza”, especialmente después de que un presunto miembro, identificado como Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, fuera señalado como responsable mediato del asesinato de 13 agentes de seguridad de una minera en Pataz. La investigación apunta a que este individuo, vinculado directamente a estas organizaciones, huyó del país con destino a Colombia, donde fue posteriormente capturado. En paralelo, fue detenida en Perú una abogada que las autoridades creen que sería la mano legal que asesoraba a “Cuchillo”. La fiscalización encontró en su domicilio fajos de billetes que sumaban S/ 100 mil, además de joyas, lo que refleja la existencia de una estructura sólida detrás de estos actos delictivos.

La minería ilegal, un negocio cada vez más seductor

El problema no solo se circunscribe en Pataz. Los efectos de esta minería ilícita ya empiezan a sentirse en otras provincias de La Libertad, como Sánchez Carrión y Otuzco, donde también se han reportado explotaciones informales y criminales. El representante de la Gerencia de Minas, Beder Martell Espinoza, abordó también el atractivo que representa este “negocio” para las organizaciones criminales. Según sus estimaciones, la minería ilegal en Pataz produce más de 2 millones de onzas de oro al año, equivalente al 39.3% de la producción nacional de ese mineral. La misma actividad genera un ingreso estimado de aproximadamente 4 mil millones de dólares anuales, una cifra que refleja la magnitud y la peligrosidad del problema.

Martell Espinoza destacó que estos grupos no solo operan con impunidad en Pataz, sino que su influencia ya comienza a extenderse a otras áreas, complicando aún más la lucha contra el crimen organizado en la región. La Policía está intensificando sus acciones para detener su avance y desmantelar estas estructuras criminales, pero la magnitud del dinero y la fuerza que han logrado consolidar hace que la tarea sea cada vez más difícil.

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Un desafío urgente para las autoridades

Mientras tanto, las autoridades temen que la situación pueda escalar aún más si no se toman medidas efectivas y coordinadas. La presencia de estas organizaciones ha generado un clima de inseguridad, promoviendo la destrucción del medio ambiente y facilitando la existencia de redes de corrupción que dificultan la acción policial y judicial.

El caso de “Cuchillo”, por ejemplo, ha puesto en evidencia la fragilidad de los controles en las fronteras y la rapidez con la que estos criminales logran salir del país, incluso después de cometer delitos graves. La colaboración internacional con países como Colombia y Venezuela ha sido clave para darles caza, pero la lucha todavía está en marcha.

El panorama en Pataz y La Libertad sigue siendo un desafío para las autoridades, un recordatorio doloroso de que el control del oro ilícito no solo es una cuestión económica, sino también de seguridad, justicia y armonía social. La esperanza está en que la presencia de fuerzas del orden, junto con acciones integradas y políticas efectivas, puedan revertir esta peligrosa tendencia y devolver la tranquilidad a los habitantes de esa región.