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La fiscalía exige justicia en el caso del tren eléctrico.

  • owenvalencia20
  • 20 mar
  • 2 Min. de lectura
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La investigación relacionada con el controvertido caso del Tren Eléctrico ha cobrado fuerza recientemente, con la Fiscalía solicitando penas de prisión que han sorprendido tanto a la ciudadanía como a los involucrados. Luis José Nava Guibert, el exsecretario general del fallecido expresidente Alan García, se enfrenta a una severa acusación que podría llevarlo a cumplir 30 años tras las rejas. Para Enrique Cornejo Ramírez, exministro de Transportes y Comunicaciones, la situación es igualmente delicada, ya que se le piden 21 años de prisión.


El fiscal José Domingo Pérez Gómez, del Equipo Especial Lava Jato, ha fundamentado estas acusaciones en supuestos delitos de colusión agravada y lavado de activos, delitos que estarían relacionados directamente con el Proyecto Tren Eléctrico durante el periodo de 2009 a 2011. Este proceso judicial también involucra a otros diez acusados y varias personas jurídicas que, según la Fiscalía, habrían actuado como vehículos para el lavado de activos.


Los hechos presentados por el Ministerio Público revelan que parte de la acusación se refiere a tramos específicos del proyecto en cuestión: el primer tramo que conecta Villa El Salvador con Grau y el segundo que une Grau con San Juan de Lurigancho. Estas acusaciones giran en torno a pagos ilícitos, en específicamente a conexiones con Odebrecht, donde se mencionan codinomes como ‘Bandido’ y ‘Chalán’ en el contexto del escándalo de corrupción que sacudió a América Latina.


En otro giro de los acontecimientos, el Equipo Especial Lava Jato ha solicitado también una pena de 12 años y seis meses de prisión para Giovanna Peñaflor Guerra, así como la suspensión de actividades y multas para la empresa Imasen S.A.C. El fiscal Walter Edgardo Villanueva señala que Peñaflor fue parte de la estructura de lavado de activos en servicios prestados a la Municipalidad Metropolitana de Lima entre 2011 y 2014, en un período crítico que incluye la fallida revocatoria de la exalcaldesa Susana Villarán.


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En respuesta a estas serias acusaciones, Enrique Cornejo ha manifestado su “rechazo e indignación”. En declaraciones recientes, afirmó que ha colaborado activamente con las investigaciones: “A lo largo de los últimos ocho años, he refutado con sustento cada una de las observaciones de la Fiscalía". Cornejo enfatizó su inocencia, afirmando: “Nunca estuve ni estoy incluido en el tema principal que se investiga sobre supuestas coimas pagadas a funcionarios públicos. No tengo cuentas, ni empresas, ni transferencias, ni codinomes, ni delaciones de ningún tipo”.


Este caso continúa desarrollándose, manteniendo en vilo a los involucrados y a la opinión pública, a la espera de que la justicia se pronuncie sobre la gravedad de las acusaciones.

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