La Crisis de Petroperú: Entre Declaraciones Engañosas y Salvatajes Financieros

La situación de Petroperú se ha convertido en un tema candente en el debate político y económico del país. Alejandro Narváez, presidente de la empresa estatal, afirmó el pasado 30 de abril que “no hemos pedido ningún salvataje financiero” y subrayó que “Petroperú es una empresa que genera su propio ingreso y de ese ingreso gasta y genera un excedente al Estado”. Sin embargo, la realidad parece contradecir estas afirmaciones. La reciente ampliación de los plazos de las deudas que Petroperú mantiene con el fisco, así como la decisión del ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, de respaldar financieramente nuevos compromisos de la petrolera, revelan una situación crítica que no puede ser ignorada.

Carlos Paredes, ex presidente de Petroperú, no dudó en criticar a Narváez, afirmando que “todos conocemos los múltiples errores de Narváez desde que está de presidente en Petroperú”. Paredes cuestionó la veracidad de las declaraciones de Narváez, sugiriendo que “su desconocimiento es tan grande que ha dicho algo que no se está cumpliendo en la realidad”.

La controversia se profundiza con la aprobación de un decreto de urgencia que, según los constitucionalistas Enrique Ghersi y Aníbal Quiroga, contraviene la Constitución. Este decreto permitió una expansión del plazo de un préstamo de US$1,000 millones otorgado a Petroperú, inicialmente destinado a cubrir necesidades de corto plazo, pero que ahora se ha extendido hasta diciembre de 2028. Esta decisión ha sido interpretada como un claro indicio de la incapacidad de la petrolera para operar de manera sostenible.

El Banco de la Nación, encargado de gestionar este financiamiento, ha sido señalado como un instrumento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para ocultar el déficit fiscal. “Esto muestra la incapacidad de pago de Petroperú en el corto plazo”, sostuvo Paredes, añadiendo que “aquí hay complicidad de los accionistas: el Ministerio de Energía y Minas y el MEF”.

Desde un punto de vista jurídico, la constitucionalidad del decreto de urgencia ha sido cuestionada. Ghersi argumenta que el Ejecutivo ha violado la Constitución al emitir un decreto que no cumple con los criterios de excepcionalidad. “Un decreto de urgencia es para otra cosa. Por ejemplo, para un terremoto, para el COVID. Eso es un imprevisto”, explicó.

Además de los problemas legales, la gestión técnica de Petroperú también ha sido objeto de críticas. Una carta de ExxonMobil, que construyó la Nueva Refinería de Talara (NRT), cuestionó la operación de la Unidad de Flexicoking, señalando que Petroperú ignoró recomendaciones cruciales y puso en marcha la unidad en condiciones inapropiadas. Esta negligencia ha contribuido al deterioro de los ingresos de la empresa y, por ende, a su actual situación de endeudamiento.

A pesar de estas dificultades, Narváez y el gerente general Oscar Vera insistieron en que la NRT opera normalmente. “Hemos conseguido estabilizar la Refinería de Talara”, afirmó Narváez, mientras que Vera aseguró que “todas las unidades están operativas”. Sin embargo, surge la pregunta: si la refinería está funcionando adecuadamente, ¿por qué se justifica la prórroga del financiamiento hasta 2028?

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David Tuesta, exministro y director de Petroperú, advirtió que la gestión actual parece estar enfocada en reprogramar deudas sin una reestructuración operativa real. “Se le está dando plata sin hacer ningún cambio profundo”, criticó Tuesta, quien también alertó sobre la posibilidad de recurrir a nueva deuda con garantía del Tesoro para cubrir compromisos con acreedores privados que superan los US$4,700 millones.

La crisis de Petroperú no solo representa un desafío para la empresa, sino que también impone un alto costo a los ciudadanos peruanos. “De esta manera, en el Perú pagamos por el petróleo más caro del mundo”, concluyó Tuesta, resaltando la urgencia de una solución efectiva que garantice la sostenibilidad de la empresa y la protección de los intereses del Estado.