Keiko Fujimori en manos del Tribunal Constitucional

La sombra de una posible reapertura o incluso anulación definitiva de las investigaciones en torno a Keiko Fujimori y su condena por financiamiento ilícito de campaña pende sobre la escena política peruana, a raíz de las recientes decisiones del Tribunal Constitucional (TC). Este órgano, en un movimiento que podría tener efectos drásticos en la causa que lleva casi una década en la justicia, ha convocado a la Fiscalía para que presente sus argumentos en relación con los aportes considerados ilícitos en las campañas de Fuerza Popular de 2011 y 2016, antes de emitir un fallo que, de concretarse, podría anular toda la investigación y, con ello, modificar profundamente los archivos judiciales relacionados.

Una figura central en esta trama es Luis Brussy Barboza Dávila, quien, según el fiscal José Domingo Pérez, tuvo un papel destacado en el proceso de lavado de dinero asociado a las campañas fujimoristas. Como funcionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Barboza fue responsable de supervisar y validar los informes financieros del partido, en una función que, en sus palabras, debería haber sido clave para detectar ilegalidades. Sin embargo, el fiscal afirma que permitieron “las inexactitudes, falsedades e imprecisiones” en los informes, lo que facilitó que la organización política continuara con un flujo de fondos cuestionables, incluso con aportantes falsos y demás irregularidades.

Pérez ha declarado que, pese a la gravedad de las evidencias, Barboza no será juzgado —una decisión que ha generado controversia y críticas en los ámbitos judiciales y políticos—, indicando que la situación fue influenciada por la misma decisión del Tribunal Constitucional. En su acusación, que abarca 3,638 páginas, el fiscal ha establecido que varios actores, incluido Barboza, favorecieron el encubrimiento y la justificación de esas irregularidades, pero el TC los excluyó en un fallo que, según Pérez, contradice las instrucciones y la lógica de la investigación penal.

El fallo en cuestión, emitido en 2022, afirmó que en la acusación no se describían de manera expresa y literal los hechos imputados a ciertos procesados, incluido José Chlimper, exsecretario general de Fuerza Popular. Como resultado, muchos de los implicados lograron librarse del proceso judicial, mientras que otros, con Chlimper a la cabeza, aún enfrentan cargos.

Este criterio interpretativo ha sido utilizado como argumento para solicitar que la investigación en su totalidad sea revisada o incluso anulada, argumentando que las acusaciones no estaban debidamente fundamentadas en el marco de la ley y en la fase previa a la judicialización. La intención, según algunos analistas, sería frenar o incluso detener la larga ofensiva judicial contra los líderes fujimoristas, entre ellos Keiko Fujimori.

Adicionalmente, en agosto de 2024, el Tribunal anuló la acusación contra Fujimori y seis de sus abogados por obstrucción a la justicia y ordenó que el proceso retornara a un estado inicial. La defensa, liderada por Giulliana Loza, afirmó que no existen delitos en los aportes de campaña y que, si alguna irregularidad existió, no fue más que una falta administrativa y no un delito grave. En esa línea, la estrategia de su defensa apunta a que el proceso, en última instancia, sea anulado, bajo el argumento de que los delitos de financiamiento ilícito, en su tiempo, no constituían delito en sí.

Desde el Ministerio Público y otros expertos jurídicos, surge la percepción de que el Tribunal está en una suerte de preparación para convertir el recurso de habeas corpus presentado en un amparo, con la finalidad de tener la potestad de decidir sobre la legalidad de toda la investigación. Esta maniobra podría significar, en términos prácticos, que el expediente penal sea archivado o reducido a un estado de inacción definitiva, poniendo en jaque la credibilidad de la causa.

De acuerdo con la exmagistrada Marianella Ledesma, el tribunal deja en evidencia potenciales irregularidades y parece estar preparando el terreno para una posible toma de control del proceso, con una estrategia que, si se concreta, podría afectar no solo a Fujimori sino también a otros exmandatarios como Ollanta Humala y Susana Villarán, en casos donde las movilizaciones y aportes financieros, en su mayoría provenientes de empresas brasileñas, están siendo cuestionados como posibles actos de corrupción.

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El próximo movimiento del tribunal, previsto en un plazo de 10 días hábiles, será crucial. La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, ha solicitado la anulación de la investigación por lavado de activos, apoyándose en que esos aportes no eran considerados delitos en el período investigado. Sin embargo, expertos como el penalista Andy Carrión advierten que el tribunal puede convertir ese recurso en una oportunidad para “curarse en salud” y que, en realidad, la intención sería afectar las investigaciones en marcha en su contra.

Para muchos, el desenlace del caso Fujimori podría marcar un antes y un después en la Política peruana. La casi década de investigaciones, que expuso vínculos y movimientos financieros millonarios en las sombras del poder, estarían ahora en riesgo de ser reducidas a una anécdota si el TC decide adoptar un fallo que deje sin efecto o limite severamente las acciones penales en curso.

El escenario está abierto y en juego se encuentra no solo el destino legal de Keiko Fujimori, sino también la credibilidad del sistema judicial y el impacto en futuras investigaciones sobre financiamiento de campañas y corrupción en el Perú.