Keiko Fujimori en el centro: TC convoca a José Domingo Pérez para audiencia de alegatos.

El Tribunal Constitucional (TC) citó al fiscal José Domingo Pérez para este miércoles 27 de agosto, con el objetivo de que presente en audiencia sus alegatos contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, a quien se le imputa haber recibido aportes ilícitos de campaña. La diligencia, señalada en la notificación institucional, dará inicio a las 10:30 de la mañana.

Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, tiene la tarea de sustentar ante el TC su acusación en un proceso que nació a raíz de un hábeas corpus presentado por Fujimori, quien solicitó la anulación de todas las diligencias fiscales llevadas a cabo en su contra por el supuesto delito de lavado de activos. Este giro procesal ha reavivado el debate sobre la posible afectación de garantías y la continuidad de las diligencias en un caso que mantiene en vilo a distintos sectores políticos y jurídicos.

Antes de esta audiencia, la defensa de Fujimori, representada por Guilliana Loza, sostuvo en una intervención realizada el 27 de julio ante el TC que los aportes recibidos constituirían “una irregularidad administrativa” y que “no hubo quebrantamiento de normas, no hubo ilicitud”. En ese argumento se resalta la distinción entre actos administrativos y actos delictivos, con la afirmación de que, para el año 2011, cuando Odebrecht habría realizado aportes por un monto próximo al millón de dólares, no existía conocimiento fehaciente de coimas asociadas a la constructora.

La defensa de Fujimori ha insistido en que, aun en el supuesto de haber conocido actos ilícitos posteriores, no se podría imputar responsabilidad penal por hechos ocurridos años antes, cuando, según sostiene Loza, la empresa gozó de prestigio y los hechos de corrupción que se revelaron se registraron a partir de 2016. Este planteamiento ha sido objeto de análisis por parte de penalistas consultados por este diario, quienes aclaran que, si bien el TC no podría archivar de inmediato la investigación iniciada en 2017, podría ordenar que el asunto regrese a una fase preliminar para continuar el escrutinio.

Pérez solicitaría al Poder Judicial que se condene a Fujimori Higuchi a una pena de 35 años de cárcel, en el marco de las imputaciones por presuntos aportes ilícitos. Los próximos pasos en la agenda constitucional se verían determinados por la evaluación de las pruebas y la interpretación de la normativa aplicable a presuntas irregularidades en financiamiento de campañas.

Publicidad

La audiencia de este 27 de agosto llega en un momento clave para el sistema de justicia electoral y para el manejo público de casos de alta repercusión política. A medida que se consoliden los argumentos de ambas partes, el TC podría emitir una resolución que defina el marco procesal de las actuaciones recientes y determine si las diligencias fiscales deben proseguir, ser archivadas o reenviadas a etapas anteriores para su revisión.