Justicia anula acusación contra Keiko Fujimori y devuelve la investigación a su origen.

El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria ha emitido una resolución que marca un giro importante en el Caso Cócteles. La autoridad judicial declaró nula la acusación formal presentada en contra de Keiko Fujimori, así como de otras 17 personas vinculadas a esta investigación, ordenando que el proceso judicial vuelva a la etapa de investigación preliminar. Esta decisión se basa en una sentencia previa del Tribunal Constitucional, que estableció que ciertos aspectos del procedimiento habían sido vulnerados y, por lo tanto, el proceso debía reiniciarse desde el punto inicial.

La resolución, firmada por el juez Wilson Verástegui, fue notificada a las partes el pasado 9 de mayo, ante una resolución del 30 de abril que declaró la nulidad de todos los actos procesales realizados desde octubre de 2018, fecha en la que se formalizó la investigación por presunta obstrucción a la justicia. Esto significa que los más de siete años de actuaciones procesales quedan sin efecto, dejando en claro que el expediente deberá comenzar de nuevo, en la fase inicial, si el Ministerio Público decide continuar con la investigación.

Este fallo afecta a diversos actores del proceso, entre ellos la propia Fujimori Higuchi, exmiembros de Fuerza Popular, abogados y colaboradores, como Luis Mejía Lecca, Pier Paolo Figari Mendoza y Adriana Tarazona Martínez de Cortez. La decisión surge en el contexto de una revisión del proceso que tuvo su origen en una serie de cuestionamientos por parte de la defensa de Keiko Fujimori, quien argumentaba que la forma en que se había llevado el caso presentaba fallos constitucionales que vulneraban sus derechos.

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El Tribunal Constitucional, en una sentencia previa, acogió un recurso presentado por la defensa de la ex candidata presidencial, que alegaba errores formales en el procedimiento, lo cual motivó esta resolución judicial que deja en suspenso cualquier decisión definitiva sobre su culpabilidad o inocencia. Este escenario obliga ahora al Ministerio Público a reestructurar su estrategia investigativa, en caso decidan proseguir con la causa, ya que las actuaciones hasta la fecha han sido dejadas sin efecto y el caso debe comenzar de cero.

Aunque la nulidad no significa una absolución ni un cierre definitivo del proceso, surge como un signo de que las irregularidades en la tramitación judicial tienen consecuencias que podrían impactar en lo que resta del caso. La decisión también pone en marcha una nueva etapa en una investigación que, por ahora, todavía se encuentra en un punto de inflexión, que podría definir su futuro en los próximos meses.