Juicio oral para PPK y socios: Fiscalía pide 35 años y 46,7 millones de dólares de reparación
- owenvalencia20
- hace 7 horas
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El proceso que involucra al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, conocido como PPK, y otras entidades pasa a la fase de juicio oral luego de que el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional decidiera cerrar la etapa de investigación en un caso que implica presunto lavado de activos. En una resolución que marca un giro decisivo, la Fiscalía ha pedido una pena de 35 años de prisión para el exmandatario, acompañado de Gerardo Sepúlveda, su socio, y de las compañías vinculadas al expediente: Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, Dorado Asset Management Limited y Latin American Enterprise Managers.
La decisión del juez Chávez Tamariz recoge la admisión de un caudal probatorio que alcanza 2,577 medios de prueba, entre documentos, peritajes y testimonios, presentados por la Fiscalía y otras partes. Según el propio despacho judicial, el caso ya no se circunscribe a una fase de investigación sino que se canaliza hacia el juicio oral ante un Juzgado Penal Colegiado, lo que abre la posibilidad de un resultado definitivo en el marco de un proceso penal que ha causado gran repercusión pública.
Entre los elementos que han sido objeto de revisión se encuentran las actividades supuestamente vinculadas a operaciones de lavado de activos, realizadas a través de las firmas citadas y su relación con el expresidente. En la resolución se subraya que las evidencias acumuladas permiten sostener la imputación de los delitos y la responsabilidad de las personas y las empresas involucradas, aunque el detalle de cada prueba queda en el crisol del proceso judicial y de las argumentaciones de las partes.
En el ámbito político y social, el caso ha generado un clima de expectativa significativo. Diversos actores han señalado la importancia de un procedimiento transparente y riguroso, que permita esclarecer hechos y establecer responsabilidades de manera proporcional a la gravedad de las imputaciones. Por su parte, quienes acompañan al exmandatario han insistido en que el proceso debe respetar el principio de presunción de inocencia y garantizar un debate público informado, sin anticipar juicios de valor antes de la resolución final.
El monto de la reparación civil, estimado en cerca de 46.7 millones de dólares, aparece como un componente relevante del proceso económico penal. Este aspecto, junto con la pena solicitada, configura un marco de discusión sobre el alcance de las responsabilidades civiles y penales en casos de presunto lavado de activos, y sobre la relación entre empresas vinculadas y actores políticos en la gestión de recursos y activos.
A medida que avanza el proceso hacia el juicio oral, se espera que las partes presenten sus alegatos y que el tribunal evalúe las pruebas de manera detallada. En ese marco, será determinante el peso probatorio de cada elemento aportado y la manera en la que, en última instancia, se determine la culpabilidad o inocencia de los imputados.
