Juegos Bolivarianos 2025 en Ayacucho: promesas incumplidas y un estadio que no avanza

A cinco días de la apertura de los Juegos Bolivarianos 2025, la ciudad enfrenta otra tanda de cuestionamientos sobre la viabilidad y la gestión de la infraestructura principal asignada para el evento: el Estadio Ciudad de las Américas, conocido en la gestión regional como “Cuna de la Libertad Americana”. Promesas de inauguración para diciembre de 2025 quedaron en el terreno de la promesa misma, mientras el recinto permanece inconcluso y sin posibilidad de ser utilizado para competiciones oficiales en la fecha programada.

El conflicto, que ya venía marcando la agenda pública desde la rendición de cuentas de diciembre de 2024, muestra un contraste entre lo anunciado por autoridades y la realidad de obra. En ese entonces, el gobernador regional Wilfredo Oscorima —presentado por sus partidarios como el motor de un legado histórico— afirmó que la obra contaba con “liquidez garantizada” y prometió traer 200 millones de soles adicionales para garantizar la culminación en diciembre de 2025. Pero la cronología de los hechos y los reportes de control sugieren un desfase cada vez mayor entre el plan y la ejecución.

La cobertura de la situación, que La República destacó meses atrás, señala avances físicos parciales y un avance global que, a septiembre de 2025, no superaba el 25% en el estadio principal. El costo del proyecto se ha elevado significativamente desde estimaciones previas: de 141,9 millones de soles en 2017 a más de 422,6 millones en 2025, según reportes oficiales, con un incremento cercano al 198%. Paralelamente, la obra ha generado críticas por adendas y cambios en las condiciones de garantía, además de un uso político del proyecto en un contexto de controversias públicas que involucran a otros actores regionales.

El cuadro de irregularidades difundido por el Informe de Control Específico N.º 041-2025-2-5335-SCE detalla pagos irregulares por más de 92 millones de soles a favor del consorcio constructor entre diciembre de 2023 y marzo de 2025. Entre las recomendaciones y hallazgos, la Contraloría señala vulnerabilidad de los recursos públicos y la necesidad de revisar garantías y fideicomisos, además de identificar presuntas responsabilidades penales y administrativas en varios funcionarios y exfuncionarios.

La obra, que debían haberla convertido en una vitrina de la región para los Bolivarianos, no ha logrado avanzar más allá de un esqueleto de concreto. En paralelo, la dinámica social alrededor del proyecto ha mostrado tensiones: reportes de descontento y reclamos por la falta de equipamiento y de instalaciones completas para alojamiento y otros servicios que normalmente acompañan a un evento de esta envergadura. Aun cuando el calendario deportivo ha sido delimitado por la organización de las disciplinas que sí se desarrollarán en Ayacucho —con cinco pruebas confirmadas entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre (MTB Cross Country, Box, Taekwondo, Kickboxing y Wushu)—, la ciudad ya ha dejado claro que esa agenda no será suficiente para justificar la inversión si la sede principal no está lista.

En el entorno político, el caso ha reavivado debates sobre la gestión de recursos y la responsabilidad de los distintos actores. La narrativa oficial que acompaña la obra ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la Contraloría y de críticos que señalan inconsistencias en la ejecución contractual y en el control de pagos. Además, se han registrado episodios de violencia laboral alrededor de obras de construcción, que subrayan la fragilidad de un proceso que, según analistas, podría haber sido planificado con mayor rigurosidad de control y supervisión.

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En este escenario, los actores involucrados enfrentan la presión de rendir cuentas ante la ciudadanía que espera, como mínimo, claridad sobre el estado real de la infraestructura y la experiencia de los usuarios finales, es decir, los deportistas, el personal técnico, los aficionados y la prensa internacional. El discurso de liderazgo que se ha presentado como garante de la continuidad y la capacidad de gestión de la autoridad regional parece estar bajo escrutinio, mientras el reloj avanza hacia el inicio de las competencias.

La responsabilidad por el estado del estadio y por las decisiones de financiamiento, ejecución y supervisión recae en distintos niveles de la administración pública y sus equipos técnicos. En ese marco, la atención periodística se mantiene en dos planos: por un lado, la actualización de avances verificables y números de ejecución; por otro, el seguimiento de las implicaciones políticas y administrativas que acompañan a una obra de alto perfil para la región y para el país.