Juan José Santiváñez, sigue operando en la sombra en el gobierno de Dina Boluarte.

El escenario político peruano continúa marcado por la presencia de figuras polémicas que, pese a haber sido censuradas y enfrentado cuestionamientos públicos, mantienen un rol activo en los niveles más altos del poder. Uno de estos casos es el de Juan José Santiváñez, exministro del Interior y colaborador cercano a la presidenta Dina Boluarte, cuya influencia y accionar en Palacio de Gobierno parecen estar lejos de extinguirse, a pesar de los señalamientos y procesos en su contra.

Santiváñez fue una figura clave durante el gobierno de Martín Vizcarra, donde se desempeñó como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. La conexión con esa institución lo llevó a renunciar en 2020, tras salir a la luz que había sido abogado de efectivos policiales implicados en casos de corrupción y extorsión. Sin embargo, pese a este escándalo, retornó en el actual gobierno como jefe de la misma Secretaría del Interior, y en abril de 2024, fue nombrado viceministro de Orden Interno. Solo un mes después, fue designado en la cartera del Interior como ministro, en una muestra de lealtad inusual a la administración de Boluarte, pese a que sus medidas para afrontar la crisis de inseguridad no lograron los resultados esperados.

Su gestión en el ministerio estuvo marcada por promesas de robustecer la seguridad ciudadana, acompañadas de un compromiso de dar un paso atrás si sus acciones no resultaban eficaces. Sin embargo, sus planes no lograron mitigar la ola de violencia y delincuencia que azota al país, generando incluso un rechazo en la opinión pública y una censura en el Congreso. En marzo de 2025, después de una serie de debates y denuncias por su incapacidad para hacer frente a la inseguridad, el Legislativo aprobó su censura con 79 votos a favor, obligándolo a abandonar el cargo.

Pese a este revés, el poder de Santiváñez no se ha disipado del todo. Actualmente ocupa un puesto de alta influencia en Palacio de Gobierno, como jefe de la recién creada Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. Desde allí recibe un salario mensual de más de 17 mil soles, y en sus días en esa oficina ha recibido la visita de numerosas figuras clave, incluidos ministros y altos mandos policiales. De hecho, en poco más de un mes, recibió 88 visitas, de las cuales 61 estaban directamente relacionadas con instituciones vinculadas a su pasado en el Ministerio del Interior y en el sector policial.

Entre los visitantes se encuentran personajes como el actual ministro del Interior, Carlos Malaver, y exasesores policiales de alta confianza, además de viceministros y oficiales superiores, lo que evidencia que, en la práctica, Santiváñez continúa desempeñando un rol de decisión en temas que impactan la seguridad del país. A ello se suma la presencia de personas vinculadas a su entorno personal y profesional, como exasesores y oficiales que lo respaldan en su labor.

Pero no son solo las visitas y el puesto oficial lo que genera controversia. En 2024, fue señalado en filtraciones de audios en los que se le escucha discutir presuntas presiones políticas para cerrar la División de Investigación de Crimen Organizado (Diviac), en una supuesta petición de la propia presidenta Boluarte. Aunque Santiváñez negó las supuestas conversaciones, alegando que los audios estaban manipulados, las investigaciones fiscales en su contra por abuso de autoridad y otros casos han seguido su curso, incluído un proceso en el que se le acusa de entorpecer investigaciones y de ocultar evidencia.

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Además, en 2025, testigos y medios de comunicación lo vincularon en una serie de actividades que han puesto en jaque su credibilidad. Entre ellas, declaraciones que lo relacionan con operaciones irregulares, presuntas prácticas de sobrebimiento en procesos judiciales y la supuesta defensa de casos comprometidos, incluidos relacionados con organizaciones criminales. Testimonios revelan también que habría utilizados su influencia para promover a familiares y amigos en cargos relacionados con su profesión y la policía, generando suspicacias sobre el uso de su poder en beneficio propio.

En declaraciones a diversos medios, Santiváñez ha respondido a estas acusaciones con negaciones y acusaciones contra la Fiscalía y ciertos medios, alegando que todo forma parte de una campaña para desacreditarlo. Sin embargo, las evidencias y testimonios difundidos en los últimos meses continúan alimentando las dudas sobre su verdadera influencia y las redes de poder que sigue manejando, incluso desde la sombra del aparato estatal.

Este caso refleja un patrón en el que ciertos personajes, a pesar de las censuras públicas y los escándalos, logran mantenerse operativos en los niveles clave del Estado, ejerciendo influencia sobre decisiones cruciales que afectan a la seguridad y la justicia en el Perú. La presencia activa de figuras como Santiváñez en lugares privilegiados del gobierno sugiere que, más allá del discurso oficial, el poder en la sombra sigue teniendo un papel importante en la política y la seguridad del país.