Juan José Santiváñez intenta bloquear investigación y audio en su contra.

El pasado 31 de mayo, el Poder Judicial autorizó, mediante un fallo judicial, el levantamiento del secreto de las comunicaciones del dispositivo que, presuntamente, involucra a Juan José Santiváñez, exministro del Interior y actual funcionario de confianza de la Presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, en un giro que ha generado polémica, la defensa del exministro presentó recientemente un recurso para impedir que la Fiscalía acceda a dichas grabaciones y, con ello, cierre de manera definitiva la investigación en su contra.

La estrategia legal de Santiváñez busca, en concreto, que se controle el plazo para la intervención de la Fiscalía en la escucha y análisis del material grabado, y a la vez, solicita que se ordene el archivo del proceso o la emisión de una denuncia constitucional. La defensa argumenta que la demora en la ejecución de la levantamiento del secreto de las comunicaciones, autorizada en mayo pasado, fue causada por un retraso atribuible a una inhibición judicial.

Tal como explicaron desde la Fiscalía, el proceso se vio afectado por una serie de retrasos y obstáculos judiciales, incluyendo la inhibición del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien en octubre de 2024 se recusó de seguir conociendo el caso debido a un conflicto de intereses. Pese a ello, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundada la solicitud de la Fiscalía en mayo de 2025, tras afrontar un retraso de 261 días en la autorización de las escuchas.

El fiscal adjunto Hernán Salvador Mendoza detalló que la demora en la administración de justicia en este caso afecta directamente la ejecución de la diligencia clave para determinar posibles irregularidades y delitos relacionados con la supuesta influencia de Santiváñez en procedimientos internos del Estado, como la protección de figuras vinculadas al entorno del expresidente Vladimir Cerrón y la presunta interferencia en la división de investigaciones de delitos de alta complejidad.

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En las declaraciones públicas, el mismo Santiváñez afirmó que la presidenta Dina Boluarte le solicitó en varias ocasiones que cerrara las investigaciones en la División de la Policía contra la división de delitos de delincuencia organizada, además de que la misma autoridad le habría pedido bloquear el accionar de la Diviac. La situación, además, se inscribe en el contexto de diligencias y recursos judiciales que evidencian la tensión política en torno a la investigación.

Este escenario confiere mayor complejidad al proceso judicial, en un momento en que las investigaciones sobre posibles actos de corrupción y abusos en el entorno del gobierno y altos funcionarios vienen generando un fuerte impacto en la opinión pública, poniendo en duda la independencia de las instituciones judiciales y fiscales en un contexto marcado por las tensiones políticas y las investigaciones en curso.