Jerí: el INPE podría desaparecer para dar paso a un nuevo modelo penitenciario

En una entrevista concedida a Panorama, el presidente José Jerí afirmó que su agenda de gobierno contempla la reorganización total del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el eventual cese de la entidad tal como se la conoce hoy. El mandatario dijo que para avanzar en este cambio se han solicitado facultades al Congreso de la República.

“Dentro de las facultades que hemos pedido al Congreso está la reorganización, el cambio de concepto y de tratamiento y de forma que tiene que ver con el INPE. El INPE va a desaparecer, eso lo hemos pedido”, afirmó Jerí durante la conversación, que también dejó entrever la urgencia de actuar ante cuestionamientos serios que enfrenta el sistema penitenciario.

Jerí explicó que el objetivo es iniciar un proceso de cambio que permita tomar distancia de una concepción de tratamiento penitenciario que, a su juicio, ya no corresponde a las necesidades actuales del país. “Estamos esperando que el Congreso apoye ello. El INPE como tal, como lo hemos conocido inicia el proceso de cambio a raíz de las facultades que hemos pedido al Congreso para reorganizarlo y ese concepto que se tenía se extinga”, añadió el presidente.

Al ser consultado sobre la capacidad de lograr una reorganización en el tiempo restante de su mandato, Jerí señaló que su prioridad es dejar encaminadas las acciones necesarias para transformar el sistema. “Tenemos que dejar las cosas encaminadas en nuestro país. El poco tiempo que tenemos no nos debe amilanar, es la responsabilidad que nos tocó asumir. Entonces cuando la gente escuche cómo es el tratamiento penitenciario ya no va a asociar al INPE como el cáncer”, afirmó, en otro tramo de la entrevista.

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La declaración ha generado reacciones en distintos sectores, que observan con atención el desenlace de un proceso que podría redefinir la arquitectura institucional de las cárceles y la forma de entender la seguridad y la rehabilitación. Expertos señalan que la propuesta de reorganización exigiría una revisión amplia de marcos normativos, presupuestos y operatividad, así como una coordinación estrecha con el Congreso para evitar vacíos de poder durante la transición.

Según analistas, la desaparición formal del INPE podría no significar la desaparición de la función penitenciaria, sino su traspaso a un nuevo modelo organizacional, que podría incluir estructuras responsables de la administración, el tratamiento y la reinserción social de las personas privadas de libertad. En ese marco, la discusión sobre las facultades necesarias para realizar una transformación de gran envergadura se convertiría en el primer gran escollo a sortear en el camino hacia un sistema penitenciario más eficiente y acorde con estándares contemporáneos.

La noticia llega en un momento de intensificación del debate sobre la seguridad pública y las políticas de rehabilitación, y plantea preguntas sobre el alcance de las atribuciones legislativas y la viabilidad de un cambio de tal magnitud en un periodo de tiempo limitado. Mientras se esperan las respuestas del Congreso, la sociedad permanece atenta a los próximos pasos, que podrían marcar un antes y un después en la gestión penitenciaria del país.