Investigan a funcionarios del MTC por suspensión de empresa que reparaba helicópteros del Ejército en medio de acusaciones de posible organización criminal

La Fiscalía de la Nación ha abierto una investigación preliminar contra varios funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), específicamente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), en una causa que apunta a la posible existencia de una estructura delictiva que habría manipulado decisiones administrativas en torno a la suspensión de una empresa peruana con amplia experiencia en mantenimiento de helicópteros civiles y militares. La pesquisa, que inicialmente se enfoca en siete funcionarios, apunta a determinar si existió una organización criminal, coacción y abuso de autoridad en los procedimientos administrativos y sancionadores en contra de Helicentro Perú SAC.

El centro de la investigación es la posible irregularidad que rodea la inhabilitación y posterior suspensión de operaciones de la mencionada empresa, la cual desde 2007 ha brindado servicios de mantenimiento y overhaul a helicópteros utilizados principalmente por el Ejército peruano, pero también por otras instituciones del Estado, como la Policía Nacional y la Fuerza Aérea. Estos helicópteros, de modelos MI-8, MI-171 y sus variantes, no son aeronaves de guerra sino aeronaves civiles de transporte, fabricadas en Rusia y utilizadas principalmente para movilización de personal y carga en diferentes zonas del país.

La denuncia que motivó la pesquisa fiscal revela que en noviembre de 2024, la DGAC emitió una serie de resoluciones y dictámenes que llevaron a la suspensión de la habilitación de Helicentro para hacer mantenimiento a estos helicópteros, bajo la acusación de incumplimiento de requisitos técnicos y administrativos. Sin embargo, según fuentes consultadas por Perú21 y documentos oficiales, las irregularidades parecen apuntar más allá de un problema técnico, señalando que detrás habría una estrategia para favorecer a empresas extranjeras del rubro y eliminar la competencia peruana, que por años ha liderado en este segmento.

Uno de los puntos claves de la investigación es la presunta coordinación para impedir que Helicentro continúe ofreciendo sus servicios, a pesar de estar reconocida como una Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) por la propia DGAC y tener certificaciones que acreditan su capacidad técnica para reparar helicópteros rusos. Según los registros, la empresa cumplió con todos los requisitos exigidos por el organismo, incluyendo la presentación de manuales y certificados respaldados por el fabricante ruso, Russian Helicopters.

No obstante, la DGAC cuestionó la validez de estos documentos, argumentando que los manuales técnicos debían estar en ruso y ser respaldados por el fabricante. Aunque Helicentro presentó un certificado que acreditaba la autorización para acceder a los manuales en ruso, la entidad reguladora insistió en que sus requisitos no estaban cubiertos, lo que, sumado a otras observaciones, derivó en la suspensión temporal y luego en una declaración de inhabilitación.

Lo llamativo en este proceso es que, según la versión que maneja la Fiscalía, las acciones administrativas adoptadas por funcionarios como el director de Seguridad Aeronáutica, Roberto Zamalloa, y el mismo director de la DGAC, Donald Castillo, habrían tenido el objetivo de facilitar la expulsión de Helicentro del mercado de mantenimiento, allanando el camino para que empresas extranjeras, potencialmente vinculadas a intereses económicos internacionales, monopolizaran el servicio en el país.

El propio Donald Castillo, en declaraciones, negó tener conocimiento de la investigación en su contra, asegurando que la competencia de su organismo se limita a aeronaves con matrícula civil y que las helicópteros militares, al ser utilizados por el Ejército, estarían en un ámbito que no correspondería a su autoridad. "Nosotros tenemos competencia en las aeronaves estrictamente civiles", afirmó. Sin embargo, en un contexto en que la misma autoridad sanitaria de la DGAC emitió informes y recomendaciones para suspender los servicios de Helicentro, las sospechas de irregularidad persisten.

Por su parte, el Ministerio Público ha señalado que la investigación apunta a esclarecer si las decisiones adoptadas para suspender a Helicentro obedecieron a un interés legítimo técnico o si, por el contrario, constituyeron una forma de coacción mediante la manipulación administrativa para beneficiar a otras empresas del sector, en un presunto esquema delictivo.

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Mientras tanto, la empresa Helicentro Perú SAC ha recibido la misma inhabilitación, pero mantiene su defensa en los procesos administrativos y judiciales, asegurando que cumplió con todos los requisitos y que en ningún momento incurrió en irregularidades. La situación ha generado un fuerte debate en el sector aeronáutico y militar del Perú, donde muchos consideran que existen intereses políticos y económicos en juego, que podrían afectar la seguridad y la soberanía en materia de mantenimiento aeronáutico.

La investigación aún está en una etapa preliminar, pero las autoridades judiciales y fiscales han reafirmado su compromiso de esclarecer los hechos, y en breve se esperan mayores detalles sobre el alcance real de estas presuntas irregularidades que involucran a funcionarios de alto nivel en el sector de transporte aéreo estatal.