Inversión millonaria en inteligencia y tecnología: el plan de López Aliaga para la seguridad del Perú

Rafael López Aliaga, precandidato presidencial de Renovación Popular, tomó la palabra este jueves en el bloque electoral de CADE Ejecutivos 2025, convirtiéndose en el primer participante de la jornada en exponer ideas que confluyen en su visión de un cambio estructural del Estado. Ante empresarios y analistas, el aspirante afirmó que es indispensable una “reforma total del Poder Judicial y del Ministerio Público” orientada por tres ejes: meritocracia, línea de carrera y atracción de talento, tomando como referente modelos exitosos de gestión como el de la banca central, según sus palabras.

Entre las ideas más polémicas, López Aliaga planteó la necesidad de implementar “jueces sin rostro” para procesar el terrorismo urbano, una propuesta que generó debate sobre el equilibrio entre seguridad y transparencia. En su exposición, el precandidato insistió en que la lucha contra la violencia y el crimen organizado requiere herramientas institucionales más potentes, y aseguró que la finalidad de estas medidas es “garantizar la seguridad de los ciudadanos y acelerar la aplicación de la ley”.

En su programa, el exapoyado por Renovación Popular también habló de retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una medida que ha sido tema de discusión en distintos frentes políticos. Paralelamente, propuso una inversión de mil millones de dólares para fortalecer la inteligencia policial y militar. El plan incluiría la adquisición de cámaras, drones, sistemas de interceptación de información y una central de recompensas efectivas para delitos de alta complejidad.

Otra pieza central de su intervención fue la referencia a un conflicto económico de alto perfil: la demanda del Estado peruano contra Brookfield ante el CIADI por una suma estimada de tres millones de dólares, relacionada con la compra de acciones de Odebrecht en concesión obtenida de manera cuestionable. López Aliaga subrayó que la transacción involucró pagos a funcionaria pública y que la compra de acciones a Marcelo Odebrecht se efectuó mientras el empresario brasileño estaba detenido y sentenciado a 18 años por corrupción en Brasil. Según sus palabras, la Procuraduría Pública del Perú debería, en un eventual gobierno, proceder de forma inmediata a la incautación y pérdida de dominio de todos los activos de Odebrecht y sus subsidiarias en el país para garantizar la recuperación del daño económico y moral causado.

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En el cierre de su intervención, López Aliaga reiteró la necesidad de una visión “valiente” para rediseñar instituciones clave y señaló que estas medidas buscan, en su lectura, un marco más eficiente y directo para enfrentar la criminalidad y los abusos de poder, sin perder de vista el respeto a la legalidad y a los derechos fundamentales.