Interior, transporte y justicia unen fuerzas para combatir la extorsión y la violencia
- owenvalencia20
- 3 oct
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En la III sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), encabezada por la presidenta Dina Boluarte, se dieron a conocer los acuerdos alcanzados y aprobados por unanimidad entre las instituciones participantes. La cita tuvo lugar en Palacio de Gobierno y se centró en fortalecer la seguridad ciudadana mediante un conjunto de acciones conjuntas y normativas relevantes para el corto y mediano plazo.
Entre los puntos principales, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunciaron continuidad y ampliación de las acciones conjuntas para combatir la extorsión que afecta al gremio de transportistas. Esta línea de trabajo busca frenar prácticas ilícitas que impactan directamente en la economía y la seguridad de los conductores y usuarios.
En paralelo, el Ministerio del Interior presentará propuestas normativas y legislativas orientadas a fortalecer a la Policía Nacional. Las iniciativas pretenden enfatizar la lucha contra la criminalidad y, con especial atención, la problemática relacionada con la minería ilegal, que ha sido señalada por los diversos actores institucionales como un componente crítico de la inseguridad regional.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asumió varias responsabilidades estratégicas. Entre ellas, la elaboración de una propuesta legislativa destinada a la implementación del Código Penal de Responsabilidad de Adolescentes en Lima Norte, una medida que busca una respuesta más adecuada y progresista frente a conductas infractoras en menores de edad. Además, se coordinó con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para la realización de un Censo Nacional Penitenciario, cuyo objetivo es obtener un retrato actualizado del sistema penitenciario y orientar políticas de rehabilitación y seguridad.
Por otra parte, el Ministerio de la Mujer adelantó acciones para fortalecer mecanismos de protección contra la violencia de género, con un enfoque de colaboración estrecha con gobiernos regionales y locales. Esta línea de trabajo pretende ampliar la cobertura de servicios y programas de apoyo a las víctimas, así como mejorar la prevención y la respuesta institucional ante situaciones de violencia.
