Intenciones políticas: Morgan Quero evalúa su postulación para el 2026 con el respaldo de Boluarte
- owenvalencia20
- hace 2 días
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En un momento de alta demanda de claridad política, el ministro de Educación, Morgan Quero, dejó entrever que podría aspirar a participar en las elecciones generales de 2026. Aunque evitó confirmar una candidatura, afirmó que “en su momento se evaluará”, dejando flotando la posibilidad dentro de un marco institucional y con su nombre vinculado al partido Ciudadanos por el Perú, cuya influencia está ligada a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.
La noticia ha generado un torrente de comentarios y preguntas sobre la posible interacción entre funciones públicas y ambiciones electorales. Quien conduce una cartera de gran exposición pública para impulsar reformas estructurales del sistema educativo entra en un periodo de lectura crítica por parte de analistas y observadores. En una coyuntura marcada por la desaprobación presidencial de alto nivel, la eventual decisión de Quero podría percibirse como una ventaja competitiva para un equipo que quiere mantener la continuidad de ciertas políticas en un contexto de cambios institucionales.
Durante su intervención pública, Quero defendió su gestión al frente del Ministerio de Educación, destacando su compromiso con la reforma magisterial y la mejora de las condiciones del sistema. Sin embargo, al enfatizar que no descarta un salto a la arena electoral, dejó entrever que cualquier decisión se tomará dentro de marcos legales y de responsabilidad institucional. En este punto, emergen interrogantes sobre la posible alineación entre la acción gubernamental y una estrategia de proyección de poder que podría facilitar la continuidad de ciertas líneas políticas del entorno de Boluarte.
Por otro lado, el ambiente político se ha visto sacudido por el allanamiento a la residencia de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, evento que provocó una reacción inusual del Ejecutivo. La Presidencia del Consejo de Ministros calificó la diligencia de la Fiscalía como un rompimiento del orden constitucional y advirtió sobre un supuesto abuso de poder que atenta contra la democracia y la gobernabilidad del país. En paralelo, el Tribunal Constitucional apareció en el centro de la discusión al recordar una resolución que limita investigaciones sobre la presidenta cuando está en funciones, una protección que, no obstante, no cubre a sus familiares.
Ministros vinculados al Ejecutivo salieron en defensa del entorno de Boluarte. Morgan Quero denunció que el operativo constituye una “práctica autoritaria”, similar a regímenes totalitarios, que busca quebrar la moral pública y sembrar caos político. El ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, cuestionó la pertinencia de realizar dos allanamientos al mismo domicilio en un año, calificándolo como un “show” innecesario. César Sandoval, ministro de Transportes, señaló un “acoso político” contra la mandataria y su círculo, mientras que representantes del Ministerio de Ambiente, como Juan Carlos Castro, advirtieron sobre la utilización de la figura del “tercero vinculado” para perseguir sin una base legítima, term activo de una politización de la justicia.
