Inicio del juicio a Villarán y 18 investigados por aportes de campaña y presuntos actos de corrupción.

Hoy, a primera hora de la mañana, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional dio inicio al juicio oral contra Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, y otros 18 investigados por presuntos aportes ilícitos a campañas y actos de corrupción vinculados a la crisis de la revocatoria de 2013. El proceso, que se desarrolla ante las defensas y el Ministerio Público, pone en la mesa una versión que ha marcado la conversación pública durante años sobre la transparencia en la gestión municipal y la influencia de recursos particulares en la vida política.

En su primera intervención pública, Villarán se refirió a los aportes recibidos durante la campaña, señalando que tanto ella como su exgerente municipal, José Miguel Castro, quien falleció en junio pasado en circunstancias que aún no han sido aclaradas, eran las únicas personas con conocimiento directo de dichos aportes. “El resto de personas comprendidas en este juicio no tienen ninguna responsabilidad”, afirmó la exalcaldesa, aludiendo a la línea de defensa que presentaron sus abogados ante el tribunal.

Sobre las cifras de los aportes, Villarán reconoció su existencia pero evitó precisar una cantidad exacta. En varias declaraciones, la exfuncionaria negó que el total rondara los 11 millones de dólares, cifra que ha sido citada por la fiscalía. “En este momento no le puedo dar una cantidad exacta, pero sí fue una suma importante de dinero. Muy lejos, por supuesto, de esa exorbitantísima suma de 11 millones que no sabemos de dónde salió”, señaló, buscando distanciarse de la magnitud que se ha discutido públicamente.

La conversación con la prensa también giró en torno a la respuesta del actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien pidió públicamente que Villarán sea declarada culpable. Ella respondió que el alcalde debería centrarse en la gestión de la ciudad y reiteró que sus declaraciones expresan una opinión personal que no comparte. “Que me declare culpable es un deseo del señor, yo respeto su opinión, pero no la comparto”, afirmó.

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En este marco, la exautoridad insistió en su inocencia y pidió un juicio “justo, imparcial y respetuoso”. Afirma que defenderá su verdad ante las audiencias y ante la ciudadanía, y rechazó cualquier vínculo entre los aportes de campaña y beneficios indebidos para las empresas constructoras brasileñas implicadas en el caso.

La Fiscalía mantiene una acusación que podría acarrear una pena de 29 años de prisión por los presuntos delitos de lavado de activos y cohecho pasivo propio. Villarán aceptó que la desconfianza de la ciudadanía se haya visto afectada por el silencio durante un tiempo, aunque subrayó que esa circunstancia no la convierte en culpable.

El juicio se abrirá con la lectura de los cargos y la presentación de pruebas, y se espera que las jornadas futuras incluyan testigos y peritajes contables que una vez más cuestionen la relación entre financiamiento de campañas y actos ilícitos. En el marco de este proceso, quedan en juego conceptos fundamentales para la vida pública: la rendición de cuentas, la transparencia y la confianza ciudadana en la institucionalidad.