Inhabilitación de Betssy Chávez: el pleno falla por 5 votos y la discusión continúa

El pleno del Congreso no logró aprobar la inhabilitación de la expremier Betssy Chávez en el ejercicio de la función pública, tras considerar una infracción constitucional vinculada a su presunto papel en lo ocurrido el 7 de diciembre de 2022. La votación dejó al descubierto la fragmentación y las alianzas en el hemiciclo: se requerían 68 votos a favor, de un total de 68 legisladores presentes para excluirla de la función pública; sin embargo, el resultado final fue de 63 votos a favor y 4 abstenciones, con una oposición que incluyó a bancadas como Podemos Perú, Perú Libre, Justos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, Somos Perú, la Bancada Socialista, el Bloque Democrático Popular y los No agrupados. En una votación que se anota como un revés para la acusación, la posibilidad de reconsiderar quedó abierta, pues Montoya (Honor y Democracia) y Chirinos (Renovación Popular), junto con Eduardo Castillo (Fuerza Popular), presentaron pedidos para reabrir la votación.

Durante la sustentación de la denuncia constitucional 351, el debate estuvo a cargo del congresista Jorge Montoya, quien defendió la acusación y señaló los fundamentos de la moción. En contraste, Patricia Chirinos fue la impulsora inicial de la denuncia y participó activamente en el debate. En la sesión también se hizo presente Raúl Noblecilla, abogado de Chávez Chino, quien intervino para cuestionar a parte de la representación parlamentaria y buscar argumentos que complicaran la acusación.

Las objeciones y las posturas de cada bancada dejaron claro que la decisión depende de una mayoría calificada y de las eventuales reconsideraciones que podrían abrir una puerta a un voto adicional en un pleno venidero. En este marco, los voceros y representantes de las distintas fuerzas políticas expresaron sus posturas, subrayando que el tema no solo es jurídico, sino también político, con implicaciones para la estabilidad institucional y la confianza ciudadana en el proceso legislativo.

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La noticia genera lectura en clave de incertidumbre: ¿se obtendrán los votos necesarios en una próxima sesión para inhabilitar a Chávez o continuarán las negociaciones y los acuerdos entre bancadas para evitar una decisión contundente? En cualquier caso, el análisis político, jurídico y social sobre el episodio del 7 de diciembre continúa vigente y alimenta el debate sobre los límites y responsabilidades de los altos cargos, así como sobre la transparencia y el escrutinio público ante hechos que podrían afectar la institucionalidad del país.