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Incautación de teléfono de Hurtado se mantiene: la Corte Suprema refuerza la línea de la investigación

  • owenvalencia20
  • 20 ago
  • 2 Min. de lectura
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En una decisión fechada a mediados de agosto, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema sostuvo que la incautación del teléfono celular de Andrés Hurtado, exconductor de televisión y figura mediática conocida popularmente como “Chibolín”, se ajustó a la legalidad y respondió a las etapas de una investigación en curso por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. La resolución, que dejó sin efecto la pretensión de Hurtado de recuperar de inmediato el dispositivo, ratificó la actuación de la autoridad judicial al momento de la detención ocurrida el 19 de septiembre de 2024 en una clínica del distrito de San Borja.


La defensa de Hurtado había argumentado que la medida vulneraba principios de legalidad y la debida motivación de las resoluciones judiciales, solicitando la devolución del teléfono y la anulación de la incautación. Sin embargo, el tribunal consideró que la controversia principal no puede resolverse a través de una revisión de la valoración probatoria en esta etapa, ya que la resolución impugnada se limita a confirmar la procedencia de la incautación como parte de la investigación preparatoria.


Simultáneamente, la Corte Suprema resolvió desestimar otro recurso de Hurtado, en este caso relacionado con el intento de archivar el delito de tráfico de influencias que la Fiscalía Suprema atribuye al ex conductor. El magistrado Checkley explicó que la excepción de improcedencia de acción no es la vía adecuada para dilucidar la responsabilidad penal ni la participación de un investigado en el delito, y recordó que los hechos imputados podrían constituir tráfico de influencias, por lo que corresponde mantener la investigación en curso.

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La Fiscalía continúa con la indagación en torno a Hurtado, que también enfrenta otros actos investigados vinculados a presuntas irregularidades en gestiones administrativas y, de forma separada, a un supuesto pago de una coima por parte de un empresario para favorecer a una funcionaria en la recuperación de bienes incautados. Hasta la fecha, Hurtado permanece en el penal de Lurigancho bajo prisión preventiva, con diferentes mandatos que cubren la fase actual y posibles desarrollos posteriores del caso.

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