Impedimento de salida por 18 meses para Boluarte: nuevas diligencias y múltiples franjas de investigación

En una acción que refuerza la supervisión de la Fiscalía de la Nación sobre la exmandataria Dina Boluarte, la Fiscalía solicitó al Poder Judicial un impedimento de salida del país por un plazo de 18 meses. Este pedido está ligado a una investigación por presunto aprovechamiento indebido del cargo y negociación incompatible, en agravio del Estado. Paralelamente, otra fiscalía requirió una medida de 36 meses de restricción para Boluarte en el marco de un expediente relacionado con lavado de activos, vinculado a la supuesta recaudación de fondos para una reparación civil de Vladimir Cerrón, provenientes de una organización investigada por corrupción.

El requerimiento, transmitido este 10 de octubre, busca asegurar la presencia de la exmandataria durante las diligencias fiscales y eventuales procesos acusatorios. Ante los medios, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, explicó que la solicitud de impedimento de salida “está en curso” y subrayó que, aunque el Tribunal Constitucional ha generado ciertas paralizaciones, las carpetas continúan su curso y deben ser analizadas por las autoridades competentes.

La investigación principal se centra en la posible intervención de Boluarte en la designación de funcionarios en EsSalud y en gestiones de beneficios sociales para un allegado del médico que la operó, lo que la Fiscalía evalúa como posible negociación incompatible o uso indebido de sus funciones. En paralelo, la Fiscalía de Lavado de Activos investiga la procedencia de fondos relativos a la reparación civil de Vladimir Cerrón y su posible origen en redes delictivas.

Entre los elementos que sostienen las pesquisas, el Ministerio Público indaga la eventual responsabilidad de Boluarte como jefa de las fuerzas que componen las Fuerzas Armadas y la Policía durante las protestas de 2022 y 2023, cuando, según la versión fiscal, pudieron ocurrir casos de uso excesivo de la fuerza con resultado de varias víctimas. En este contexto, se analizan posibles delitos de homicidio calificado y lesiones graves, con Boluarte como investigada por su rol de autoridad superior.

Además, el expediente conocido como “Caso Rolex” la involucra en imputaciones de cohecho pasivo impropio, por presuntas entregas de relojes y joyas de lujo por parte de un gobernador regional a cambio de favored políticas y asignaciones presupuestales; estas piezas no figuran en su patrimonio y habrían sido utilizadas en actos oficiales.

Otras líneas de investigación se refieren a presuntas cirugías estéticas realizadas durante su mandato, actos que podrían configurar abandono de cargo y falsedad, si se demuestra que comunicó a medio y Congreso la alteración de su agenda oficial. También se contempla un aparente desbalance patrimonial superior a medio millón de soles entre 2021 y 2024, evaluándose posibles enriquecimientos ilícitos sin respaldo en declaraciones juradas.

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El Ministerio Público mantiene abiertas investigaciones sobre posibles usos indebidos de recursos estatales para facilitar movimientos de terceros vinculados a personajes controvertidos, como Vladimir Cerrón, y examina una supuesta coordinación entre la exfiscal de la Nación y otros actores políticos para asegurar posiciones en la cúpula policial pese a denuncias presentadas. Por último, Boluarte es investigada por admitir, supuestamente de forma irregular, la desactivación de una unidad policial que apoyaba investigaciones de corrupción vinculadas al entorno familiar.

A la espera de la resolución judicial, la defensa de Boluarte sostiene que la medida es desproporcionada y requiere de pruebas suficientes para justificar la restricción de libertades en un periodo de 18 meses. Las próximas audiencias y la revisión de pruebas permitirán a los tribunales definir si el impedimento de salida debe mantenerse, ser modificado o rechazado.