IDL busca frenar con amparo la ley que puede someter a las ONG a control estatal

En un escenario que promete tensar aún más la relación entre las organizaciones no gubernamentales y el Estado, el próximo 29 de septiembre el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima será escenario del análisis de una acción de amparo presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL). La demanda busca que no se aplique a la entidad la controvertida ley que le otorga a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) la facultad de fiscalizar las actividades de las ONG en el país.

La entidad judicial anunció la admisión del recurso, generando expectación en medio de un debate que se ha intensificado en las últimas semanas. El Poder Judicial, a través de sus redes sociales, manifestó a través de un comunicado que la demanda del IDL había sido aceptada y se refirió a la norma como la “Ley Anti ONG”. Sin embargo, esta percepción ha sido cuestionada por expertos y críticos, quienes alertan sobre el riesgo de afectación a la imparcialidad del proceso.

El abogado Enrique Ghersi, expresó su inquietud a Perú21, señalando que la publicación del PJ podría dar una impresión de parcialidad. “Claramente, se está cometiendo una infracción contra el principio de neutralidad. La oficina de comunicaciones del PJ no es la autoridad que debe emitir juicios de valor, y que hable en nombre del Poder Judicial en este caso revela una conducta muy delicada”, afirmó.

La controversia central radica en las razones por las que el IDL consideró que la ley es inconstitucional. Según el abogado Carlos Rivera, representante de la organización, la normativa impone una fiscalización previa a las proyectos de las ONG y prohíbe su participación en litigios contra el Estado, ya sea en instancias nacionales o internacionales, bajo sanciones de hasta 500 UIT. Para Rivera, esto constituye una limitación a la autonomía y derechos de las ONG, además de un obstáculo para su labor.

Por otro lado, Víctor García Toma, ex presidente del Tribunal Constitucional, defiende la constitucionalidad de la ley, argumentando que la fiscalización es una responsabilidad legítima del Estado y necesaria para evitar desvíos en los fondos internacionales. “Los fondos del exterior, en algunos casos, se han utilizado de manera contraria o diferente a lo asignado, por lo que la supervisión es una obligación del Estado”, afirmó.

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En esa línea, Ghersi añadió que la necesidad de fiscalización busca garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos que las ONG reciben, especialmente dado que disfrutan de beneficios tributarios. “Deben publicar todas sus finanzas, no solo quién los financia, sino cuánto gana y en qué se invierte. Son instituciones con fines públicos y, por esa razón, deben estar sometidas a una mayor supervisión”, sostuvo.

El monitoreo de proyectos y recursos, sin embargo, representa un desafío para la APCI. Antonio González Norris, exdirector de la agencia, resaltó que la implementación de la norma requiere la creación de mecanismos adecuados para que la entidad pueda cumplir con esas funciones, lo cual todavía enfrenta obstáculos por la falta de reglamentos precisos. “No solo hay que aprobar el reglamento, sino también estructurar la organización interna para incorporar estas nuevas funciones, lo que posiblemente demande más personal”, explicó.

Finalmente, coincidieron en que el registro en la APCI debería ser obligatorio para las ONG, una medida que se espera genere mayores controles y transparencia en la actividad de estas instituciones en favor del interés público.