Humala irá a Barbadillo y Heredia, requisitoria activa: corte mantiene condenas Odebrecht

La Corte Superior Nacional de Justicia Penal, a través de su Sala de Apelaciones, rechazó de forma unánime los recursos de las defensas de Ollanta Humala y Nadine Heredia destinados a suspender la ejecución provisional de sus condenas en el marco del caso Odebrecht. La decisión, adoptada en medio de un proceso de segunda instancia, establece que la condena de ambos exmandatarios debe cumplirse y que, a la fecha, no existen fundamentos legales para suspenderla.

En concreto, el tribunal dejó claro que las solicitudes de suspensión presentadas por las defensas carecen de sustento jurídico suficiente para alterar la situación procesal actual. En el caso de Humala, la Corte consideró infundada la pretensión de paralizar la ejecución de su condena. Por su parte, la defensa de Nadine Heredia no logró demostrar la procedencia de aplazar, ni reducir, la pena impuesta, y el tribunal precisó que la sentencia de quince años de prisión debe cumplirse en sus términos.

La decisión llega tras la condena, dictada el 29 de abril de 2025, en la que Humala y Heredia fueron hallados coautores del delito de lavado de activos agravado, por recibir aportes irregulares de la constructora Odebrecht para financiar campañas presidenciales. El fallo estableció quince años de prisión para la exprimera dama y fijó una condena efectiva para el expresidente, cuyo cumplimiento inmediato quedó vigente pese a las apelaciones interpuestas.

La Sala de Apelaciones recordó, además, que las apelaciones en trámite no detienen la ejecución de las sentencias ya dictadas. En consecuencia, las resoluciones adoptadas por el tribunal se ejecutan de forma provisional mientras se resuelve en segunda instancia. En este marco, Humala continuará recluido en el penal de Barbadillo y Heredia quedará sujeta a un sistema de requisitorias, con la correspondiente orden de captura vigente.

La condena por lavado de activos agravado se enmarca en la revisión de aportes irregulares recibidos para financiar campañas políticas, tema que ha generado una covertura mediática sostenida en los últimos años. Aunque la defensa ha reiterado su inconformidad con ciertos aspectos del fallo, el tribunal dejó consignado que las pruebas aportadas y los razonamientos legales sustentan la sentencia de los tribunales de primera instancia y de segunda instancia.

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Este fallo, que refuerza la posición de la justicia penal peruana respecto a los procesos de alto perfil, plantea interrogantes sobre la senda de revisión de casos en curso y la eventual influencia de mecanismos de control judicial frente a recursos de defensa. En todo momento, la Sala de Apelaciones enfatizó la necesidad de respetar los plazos y las etapas procesales, recordando que la ejecución provisional se mantiene hasta que no exista una resolución firme en segunda instancia.

A la espera de los siguientes movimientos procesales, el caso Odebrecht continúa vigente en la agenda judicial y mediática del país. Las próximas semanas podrían traer nuevos pronunciamientos sobre recursos restantes y posibles medidas complementarias para la ejecución de las penas, siempre dentro de los marcos legales que rigen el sistema de justicia peruano.