Humala en prisión: denuncia que su detención es un "secuestro" por parte del Estado.
- owenvalencia20
- 31 jul
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El expresidente Ollanta Humala requestó su libertad y acusó a las autoridades de mantenerlo en condiciones que calificó como un "secuestro". Desde el penal de Barbadillo, donde cumple una condena de 15 años de prisión, el exmandatario publicó una columna de opinión en la que criticó duramente el proceso judicial que llevó a su encarcelamiento. Humala afirmó que su detención es "ilegal" y "arbitraria", argumentando que su confinamiento viola el debido proceso y que no hubo fundamentos legales sólidos que justifiquen su privación de libertad.
La polémica de fondo se remonta al 15 de abril pasado, cuando el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional emitió un fallo condenatorio en su contra y de su esposa Nadine Heredia, en calidad de coautores del delito de lavado de activos agravado. La acusación se basa en presuntos aportes ilícitos para las campañas electorales de 2006 y 2011, que según la sentencia, involucraron el ingreso de dinero en maletas y mochilas, proveniente de fuentes desconocidas, en la embajada de Venezuela y a través de contratos falsos con la empresa "Apoyo Total".
El tribunal ordenó la ejecución inmediata de la condena, lo que llevó a que Humala fuera recluido en el penal de Barbadillo, mientras que Nadine Heredia fue asilada en Brasil y aún se desconoce el paradero de su hermano Ilan Heredia. La defensa del expresidente ha denunciado que el proceso judicial fue llevado a cabo de forma irregular, resaltando que el 29 de abril, mientras ya se encontraba en prisión, se convocó una audiencia en la que se le leyó una sentencia que, según aseguran, todavía no estaba completamente redactada. Este procedimiento, según sus argumentos, vulneró varias disposiciones del Código Procesal Penal y de la Constitución.
Humala sostiene que su encarcelamiento no tiene base legal, pues la sentencia que supuestamente lo condena fue emitida con irregularidades, en horas en las que el día no era laborable, lo que, desde su perspectiva, demuestra un afán por mantenerlo retenido sin justificación real. "Estoy secuestrado en el penal de Barbadillo desde hace más de tres meses. Fui encarcelado de forma arbitraria por disposición ilegal de los jueces Nayko Coronado Salazar, Juana Caballero García y Max Vengoa Valdiglesias, quienes ordenaron mi detención sin permitirme conocer las razones de una sentencia condenatoria que no existía", expresó en su columna.
En un análisis de los hechos, Humala también criticó que durante la audiencia el tribunal hizo una lectura parcial de una sentencia que aún no había sido redactada en su totalidad, y que la misma fue registrada en horas inadecuadas, lo cual considera una prueba más de la manipulación del proceso judicial con fines políticos. Además, afirmó que su encarcelamiento representa una violación flagrante al debido proceso y que, en realidad, constituye un secuestro por parte del Estado.

Por su parte, en el proceso judicial, el juzgado ha señalado que las declaraciones de los testigos, quienes indicaron que Nadine Heredia recibía dinero en Venezuela, son “evidencia” de una procedencia ilícita de fondos, y que a lo largo del juicio, en el que testificaron más de 50 personas, algunos negaron haber aportado a las campañas. También se mencionó que Nadine suscribió contratos falsos y que se recibieron fondos en cantidades elevadas que, según la sentencia, también constituyen indicios de ilegalidad. La organización política del expresidente, el Partido Nacionalista, fue señalada de recibir US$3 millones para la campaña de 2011, a pesar de que algunos procesos en Brasil fueron anulados, la sentencia destacó que ello no exonera la posible ilicitud del dinero.
Esta situación ha generado una fuerte controversia y ha sido tomada como un ejemplo del uso de la justicia con fines políticos. Humala se mantiene firme en su postura y sigue denunciando su situación como un "secuestro" del Estado, mientras que las autoridades judiciales y políticas continúan defendiendo la legalidad del proceso y la condena dictada en su contra.




