¿Hasta cuándo el Estado seguirá costeando la crisis de Petroperú? La verdad tras los números rojos.

Un reciente informe de PwC revela que, pese a las millonarias pérdidas y las dudas sobre su sostenibilidad, Petroperú sigue siendo considerado una prioridad para el Estado peruano. Sin embargo, detrás de los anuncios y declaraciones oficiales, se esconde una realidad mucho más compleja y preocupante: el respaldo financiero y las operaciones de rescate que, en esencia, mantienen a flote a la petrolera estatal, con un costo que, aunque no siempre visible, se traduce en una carga significativa para las finanzas del país.

Desde la capitalización de apoyos financieros clave en los últimos años, Petroperú ha acumulado una deuda aproximada de S/6,100 millones. En 2022, la empresa recibió un “Apoyo Financiero Transitorio” por US$750 millones, el cual, con el tiempo, dejó de ser transitorio para convertirse en una forma de financiamiento permanente. A esto se suma un préstamo de US$800 millones otorgado en 2024 por elBanco de la Nación, en respaldo a sus operaciones de capital de trabajo. La suma total, en moneda nacional, representa un esfuerzo financiero importante, convirtiendo en realidad el dicho popular: “Nos hicieron ‘perro muerto’ por ese monto”.

A pesar de estas inyecciones y de las negativas reiteradas por varios ministros de Economía, incluyendo a Raúl Pérez Reyes, de continuar invirtiendo recursos en Petroperú, el Estado reafirmó en el informe de PwC su compromiso de brindar apoyo financiero en caso de ser necesario, algo que el propio ministro admitió en declaraciones televisivas. Sin embargo, matizó que este apoyo no implica la entrega directa de recursos, sino más bien un respaldo financiero, una declaración que genera dudas y cuestionamientos sobre la verdadera magnitud de dicho compromiso.

El informe señala que la empresa enfrenta una “incertidumbre material” que podría afectar su continuidad operativa, producto de varias variables adversas: la reducción de ingresos por ventas en el mercado interno, atribuida a restricciones en la producción de la Nueva Refinería de Talara durante su período de estabilización, sumada a la caída en los precios internacionales del crudo y sus derivados. Estas condiciones han erosionado los márgenes de rentabilidad y han provocado una menor valorización de inventarios, dejando en evidencia una situación de vulnerabilidad que, según especialistas, podría derivar en una crisis mayor si no se toman medidas inmediatas.

El exviceministro de Energía, Arturo Vásquez, advirtió que los resultados del informe reflejan un riesgo tangible para la continuidad de Petroperú: “Si hay dudas respecto a su capacidad de seguir operando, estamos frente a una crisis grave”. Pero la gravedad trasciende los números: en 2024, la petrolera reportó pérdidas por más de US$770 millones, cifras que, sumadas a las pérdidas del año anterior, elevan la situación a cerca de US$2,000 millones en total, una cantidad que pone en jaque la estabilidad financiera de la empresa.

A esto se suma la cuestionada gestión en contratación y proveedores, señalada por PwC como una fuente de preocupación adicional, debido a posibles irregularidades y favoritismos que podrían estar poniendo en riesgo la transparencia y eficiencia en las operaciones de Petroperú.

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El impacto de estas cifras y perfiles de riesgo plantea varias preguntas de fondo. ¿Hasta qué punto el Estado está dispuesto a seguir asumiendo los costos de una empresa en crisis? ¿Se contempla una reestructuración profunda o simplemente se continúa con un apoyo parcial y circunstancial? Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas ha pagado en el pasado sumas relevantes en obligaciones financieras con aseguradoras, incluso en situaciones donde la quiebra parecía inminente. La realidad es que, en un escenario de potencial quiebra, la sustentabilidad de estos desembolsos y las futuras decisiones del Estado resultan clave para entender el destino de Petroperú.

En definitiva, el respaldo financiero del Estado a Petroperú sigue siendo un “costo invisible” para el país, en un contexto donde la situación financiera y operativa de la petrolera plantea dudas y desafíos profundos. La promesa de un rescate o apoyo permanente, de momento, parece tener más de una promesa latente que de una solución definitiva, en medio de una incertidumbre que, si no se confronta con decisiones estratégicas claras, podría traducirse en una crisis mayor para la economía y la industria energética peruana.