Gustavo Gorriti se niega a comparecer y advierte: "Si me conducen por la fuerza, habrá consecuencias"

El reconocido periodista y director de la ONG IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, ha expresado una fuerte advertencia a la Comisión Multipartidaria del Congreso que investiga los supuestos acuerdos de colaboración eficaz con la constructora brasileña Odebrecht. En una reciente entrevista difundida en medios digitales, Gorriti afirmó que no asistiría a la citación y advirtió que, en caso de que intenten conducirlo por la fuerza, eso tendría "consecuencias" que deben ser pensadas cuidadosamente por las autoridades.

Sus declaraciones han generado revuelo en el entorno político y judicial. El presidente del grupo de trabajo, el legislador Alejandro Muñante (Renovación Popular), respondió con preocupación, alertando a la Policía Nacional y al Ministerio Público sobre la actitud del periodista. "El señor Gorriti no solo está irrespetando el artículo 97° de la Constitución, sino que ahora amenaza directamente a los miembros de la Comisión. ¿Qué hará? ¿Nos mandará alguna visita? Atención, Policía y Fiscalía", escribió Muñante en su cuenta de X, ex Twitter.

Muñante, en diálogo con medios locales, sostuvo que la comisión tiene facultades legales que le permiten hacer uso de apremios para garantizar la participación de los citados, incluyendo la conducción de grado o fuerza y el levantamiento del secreto bancario si fuera necesario. El congresista dejó claro que, si algún invitado se rehúsa a acudir, la comisión no dudará en actuar en cumplimiento de la ley.

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La llamada a Gorriti responde a su vínculo con parte del Equipo Especial Lava Jato y a un testimonio de Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal Patricia Benavides, quien aseguró que IDL Reporteros obtenía información privilegiada de fiscales en activo. La citación busca esclarecer estas denuncias y determinar la posible existencia de irregularidades en la obtención y manejo de información judicial.

Gorriti, por su parte, ha dejado en claro que no piensa acudir a la comisión de manera voluntaria y que, en caso de que intenten forzar su presencia, las autoridades deben considerar las repercusiones de sus acciones, generando así un escenario tenso y de alta tensión política y legal.