Grupo de trabajo coordinará propuesta de ayuda económica para víctimas de las protestas del 15 de octubre
- owenvalencia20
- 19 oct
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En un movimiento destinado a atender las consecuencias humanas de las movilizaciones registradas el 15 de octubre de 2025, el Poder Ejecutivo anunció la creación de un grupo de trabajo multisectorial encargado de proponer una normativa que establezca un apoyo económico excepcional para dos grupos especialmente vulnerables: los deudos de personas fallecidas y los heridos graves con secuelas derivadas de los incidentes ocurridos durante aquellas protestas.
La medida quedó formalizada con la emisión de la Resolución Ministerial N.º 0370-2025-JUS, publicada en el Diario Oficial El Peruano y suscrita por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura. Según la norma, el grupo tiene un carácter temporal y su propósito central es diseñar una propuesta normativa que responda de manera integral a las pérdidas humanas y a las secuelas de salud provocadas por los hechos de aquel día.
La definición de la composición del equipo es clara: estará encabezado por un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ejercerá la presidencia, y contará, entre otros, con delegados del Ministerio de Salud y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. De forma abierta, la secretaría técnica podrá convocar a otras entidades estatales que participen como invitadas, a fin de enriquecer el análisis y aportar experiencias y datos que permitan un marco normativo sólido y coherente.
Con un enfoque centrado en derechos humanos, salud pública y protección de poblaciones vulnerables, la iniciativa busca una lectura integral de los hechos ocurridos, priorizando la dignidad de las víctimas y la protección de aquellas personas que presentan secuelas a largo plazo. El objetivo explícito es delinear, en un plazo breve, una propuesta normativa que determine criterios, montos y mecanismos de acceso al apoyo económico excepcional, asegurando transparencia, trazabilidad y eficiencia en su ejecución.
El grupo tendrá un plazo de instalación de hasta dos días hábiles a partir de la publicación de la resolución y funcionará por un periodo máximo de diez días hábiles, con la posibilidad de una única prórroga por el mismo periodo. Esta temporalidad destaca la intención del gobierno de dar una respuesta rápida que, a la vez, esté sujeta a revisión y ajuste conforme se avanza en el análisis.
Además, la nota subraya que la finalidad del grupo no es solo otorgar una compensación, sino diseñar un marco normativo que permita a las autoridades coordinar esfuerzos entre ministerios, evaluar necesidades de apoyo y garantizar que las víctimas y sus familias reciban una atención adecuada y oportuna. En un contexto de políticas públicas que buscan equilibrar la seguridad, la justicia y la protección social, la medida se inscribe en un proceso de revisión y fortalecimiento institucional que pretende convertir la respuesta a crisis en una estrategia de respaldo sostenible.
En los próximos días, la ciudadanía esperará detalles sobre los criterios de elegibilidad, las posibles cuantías, las rutas de acceso y los plazos de tramitación. A medida que el grupo avanza en su trabajo, la sociedad scrutinizará la claridad de las reglas, la eficiencia de la implementación y la capacidad de las autoridades para evitar desviaciones y asegurar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan.