Gobiernos regionales exigen censura al ministro de Cultura por manejo del patrimonio
- owenvalencia20
- 3 oct
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Luego de escuchar las preocupaciones expresadas por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), se observa un escenario de tensión entre las autoridades regionales y el Congreso de la República respecto a la conservación del patrimonio cultural del país. En un comunicado difundido este martes, la ANGR solicita al Parlamento que censure al ministro de Cultura, Fabricio Valencia, a quien señalan como responsable de una gestión que consideran deficiente en la protección del patrimonio.
La agrupación argumenta que decisiones recientes sobre Machu Picchu y la reducción del área intangible de las Líneas de Nasca y Palpa podrían poner en riesgo bienes de gran valor histórico y cultural para el país. Resaltan que la administración de Machu Picchu ha generado desorden y afecta directamente la economía de la región Cusco, un punto que suma presión sobre las autoridades responsables de salvaguardar estos sitios emblemáticos.
Además, la ANGR advierte que la reducción del área intangible en Nasca y Palpa podría facilitar la expansión de la minería ilegal en la zona arqueológica, con posibles repercusiones ambientales y sociales. En su pronunciamiento, la entidad insiste en que la protección del patrimonio debe basarse en un modelo descentralizado que incorpore el conocimiento de las realidades territoriales y la participación de autoridades regionales y locales.
El documento firmado por representantes de las regiones resalta la necesidad de un marco de planificación más sólido y de procesos participativos que integren a las comunidades y a los especialistas en patrimonio. Según la ANGR, la protección del patrimonio cultural no debe verse como una competencia de corto plazo, sino como una responsabilidad conjunta que requiere coordinación interinstitucional y recursos adecuados para garantizar la integridad de sitios como Machu Picchu, Nasca y Palpa.
De cara al futuro, la ANGR propone impulsar mecanismos de consulta previa y mayor autonomía regional en la toma de decisiones relativas a la gestión de sitios arqueológicos y áreas de protección. En ese sentido, la agrupación enfatiza que una política descentralizada y bien coordinada puede fortalecer la protección del patrimonio, fomentar el turismo sostenible y evitar efectos adversos en las economías regionales, especialmente en Cusco.
La conversación entre las autoridades regionales y el Congreso podría marcar un hito en la forma en que se conciben y ejecutan las políticas de preservación. Mientras tanto, la opinión pública permanece atenta a la evolución de este debate y a las consecuencias que las decisiones gubernamentales puedan tener sobre el paisaje cultural y económico del país.
