Gobierno descarta reabrir El Frontón: dos penales podrían construirse con ese dinero

En un giro contundente frente a propuestas promovidas en la última etapa del gobierno anterior, el primer ministro Ernesto Álvarez dejó claro que la idea de reabrir el penal El Frontón no forma parte de la agenda política del gobierno de transición encabezado por José Jerí. En una entrevista para Canal N, Álvarez sostuvo que la reconstrucción del centro penitenciario sería, en su estimación, extremadamente costosa y que, con esos recursos, podría avanzar la construcción de al menos dos penales nuevos en otras ubicaciones. “Es demasiado caro reconstruir el penal El Frontón. Con ese dinero se pueden construir dos penales. Ya tenemos el terreno para el de Ica; solo hay que destrabar el proyecto y continuarlo”, afirmó.

Estas declaraciones llegan en un contexto en el que sectores afines a Dina Boluarte y Juan José Santiváñez habían promovido la reapertura del Frontón como medida para aliviar el hacinamiento penitenciario. Durante la gestión de Santiváñez en el Ministerio de Justicia, la propuesta fue destacada como una prioridad de su programa, lo que provocó cuestionamientos sobre su viabilidad técnica y su costo económico, estimado por Javier Llaque, exjefe del INPE, en torno a los 5.000 millones de soles para la implementación integral.

El anuncio oficial bifurca también el devenir de otras iniciativas asociadas a Boluarte y Santiváñez. No solo Santiváñez había promovido la reapertura; el legislador Wilson Soto (Acción Popular) había presentado una propuesta de ley similar, sosteniendo que la medida reduciría el hacinamiento, sin embargo, la discusión presupuestaria y la factibilidad estructural han atrapado su avance.

Más allá de la política carcelaria, Álvarez enfatizó que el gobierno de transición prioriza reformas penales y judiciales más sostenibles. En relación con la pena de muerte, una propuesta que también fue parte del discurso de Boluarte y Santiváñez, el primer ministro señaló que no es una solución adecuada para el crecimiento de la delincuencia. “Es evidente que, por más que haya personas que exijan una sanción drástica, el problema es que no disuade a quien ya ha sido capturado mentalmente por la delincuencia. Lo ideal son penas efectivas y procesos penales breves, y que los fiscales asciendan por el número de sentencias obtenidas, no por las investigaciones que prolongan. Asimismo, que los jueces progresen en función de sus procesos penales y no por su cercanía con los medios o con el mundo político”, comentó.

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La conversación con Canal N también tocó el tema de la posible salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según Álvarez, aún no se ha discutido entre los miembros del Poder Ejecutivo iniciar trámites para este posible alejamiento, dejando en claro que se trata de una línea de análisis, no de una decisión tomada.

El gobierno de transición desliga cualquier acción política de reabrir El Frontón y orienta el debate hacia reformas institucionales que, según su lectura, podrían generar resultados más eficientes sin el elevado costo de proyectos de gran envergadura. El desarrollo de políticas penales, procesos judiciales más ágiles y criterios de promoción basados en resultados son, por ahora, las señales que el Ejecutivo desea proyectar como guía de su labor durante este periodo.