Gobernador Ciro Castillo no aparece tras orden de detención; allanamientos en 27 inmuebles
- owenvalencia20
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El operativo policial llevado a cabo desde las primeras horas de este lunes se enfocó en desmantelar una presunta red de corrupción que, según la Fiscalía y la Dirección contra la Corrupción, habría operado en el Gobierno Regional del Callao. En el marco de la investigación, bajo la dirección de la Fiscalía, se realizaron allanamientos en 27 inmuebles vinculados a la pesquisa y fueron detenidos varios presuntos implicados, en tanto el gobernador Ciro Castillo permanece con paradero no localizado.
La Fiscalía ha identificado a la organización, que según la investigación sería conocida como “Los socios del Callao”, y que habría participado en al menos 63 procesos de contratación mediante un esquema que la autoridad señala como colusión agravada. En palabras de los investigadores, los involucrados habrían aprovechado sus cargos para fragmentar presupuestos y asignar servicios por montos iguales o inferiores a 8 UIT, con la finalidad de eludir los mecanismos formales de selección y supervisión establecidos por la ley.
Entre las personas detenidas figuran Luis Antonio Blanco Cabrera, señalado como proveedor; César Edilberto Huaringa Arango, encargado de almacén; Daniel Jesús Villalobos Sampén, especialista; y Wilmer Meza Natividad, coordinador de contrataciones del Gobierno Regional del Callao. Todos ellos enfrentan investigaciones por su presunta participación en el direccionamiento irregular de contratos públicos.
La Fiscalía estimó que las maniobras irregulares podrían haber generado un perjuicio económico cercano al millón de soles para el Estado. Las irregularidades, según las pesquisas, se habrían desarrollado desde el inicio de la gestión de Ciro Castillo y abarcarían múltiples contrataciones otorgadas sin seguir los procedimientos legales correspondientes.
Aun cuando existe una orden de detención preliminar contra el gobernador, Ciro Castillo no fue localizado en ninguna de sus viviendas conocidas durante el operativo. Su abogado, Humberto Abanto, afirmó que no se proporcionaría información sobre el paradero del funcionario y cuestionó la legalidad del procedimiento, asegurando que no habría sido notificado formalmente de la medida judicial dictada en su contra.
“Vamos a apelar la decisión que consideramos bastante vaga. Acabamos de terminar la diligencia y ha sido declarada infructuosa en el acta expresamente”, declaró la defensa legal del gobernador.
La Fiscalía y la Dirección contra la Corrupción continuarán con las diligencias para esclarecer el alcance de las presuntas irregularidades y determinar si existen responsabilidades adicionales dentro del gobierno regional. A medida que se obtengan nuevos elementos, las autoridades señalarán si otros funcionarios podrían estar involucrados en la supuesta red de contratación irregular.