Fuerza Popular tilda de ataque político la solicitud de ilegalidad contra su partido

En una sesión del Congreso marcada por la confrontación política, la bancada de Fuerza Popular respondió a la noticia de que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó a la Corte Suprema la declaración de ilegalidad del partido y la cancelación de su inscripción en el registro de organizaciones políticas. La reacción fue rápida y virulenta: aseguraron que la medida es un atentado contra la voluntad popular y un uso desmedido de la Fiscalía para fines políticos.

El terreno de la polémica ya había sido definido en los documentos presentados por la fiscalía. Según las autoridades citadas en el expediente, la petición para declarar ilegal al partido se fundamenta en conductas que, a juicio de Espinoza, vulneran principios democráticos. El detalle formal señala que la solicitud habría sido formalizada tras una denuncia presentada en marzo de 2025 y respaldada por información recabada por la fiscalía.

Frente a este giro, la bancada de Fuerza Popular sostuvo que el sistema político “no puede tolerar” que la fiscalía se convierta en un instrumento para silenciar a un partido. La legisladora Patricia Juárez calificó la acción como un atentado a la democracia y denunció un posible uso político de la Fiscalía. En sus declaraciones ante la prensa, Juárez añadió que Espinoza podría estar distrayendo la atención de temas de relevancia institucional, como el trabajo de la Junta Nacional de Justicia, al tiempo que llamó a pronunciarse al sistema político ante lo que describió como un “ataque” contra la bancada.

Por su parte, el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, no tardó en lanzar una crítica contundente. En su visión, Espinoza estaría “desquiciada” y debería ser apartada de su cargo de forma inmediata. Sus palabras, recogidas por diversos medios, insistieron en asociar la acción de la fiscal con un ataque contra las Fuerzas Armadas y la Policía, y en afirmar que el partido ha defendido de manera constante la seguridad nacional.

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El subsecretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, subrayó que la denuncia representa un “ataque” al partido y calificó la solicitud como una posible “cortina de humo” ante otros procesos en curso, incluida la evaluación de la Junta Nacional de Justicia sobre la suspensión de la fiscal de la Nación. En su visión, la acción de Espinoza podría buscar desviar la atención de temas que afectan directamente a la institución judicial y política del país.

A la vez, la conversación pública dejó entrever un debate más amplio sobre la independencia de las ramas del Estado y la forma en que las investigaciones pueden convertirse en herramientas de confrontación partidaria. Mientras algunos actores ven en la solicitud una defensa de la democracia y la legalidad, otros advierten sobre una politización excesiva de las instituciones encargadas de impartir justicia.