Fiscalía solicita acceder a las computadoras del despacho del congresista Darwin Espinoza.

La Fiscalía de la Nación ha dirigido una poderosa medida hacia el despacho del congresista Darwin Espinoza, en medio de la investigación que se le sigue por presunto peculado por uso en agravio del Estado. La petición formal ante el Poder Judicial busca levantar el secreto de las comunicaciones en seis computadoras y laptops del parlamentario, con el objetivo de acceder a información que podría esclarecer las presuntas irregularidades.

Según consta en la solicitud presentada, la Fiscalía busca obtener acceso a los dispositivos de almacenamiento portátil, como discos duros externos, y realizar una copia forense que permita leer, visualizar, extraer, transcribir e incluso imprimir cualquier contenido relevante. Todo esto, en un esfuerzo por analizar la información almacenada en las computadoras utilizadas por siete servidores del despacho del congresista.

El pedido fue dirigido al juez supremo Juan Carlos Checkley, quien ha establecido una audiencia virtual privada para el próximo 25 de julio, a las 10:30 horas. En dicho encuentro, las partes involucradas evaluarán la pertinencia y alcance de la solicitud, cuyo resultado podría ser determinante para el avance de las investigaciones.

Este proceso judicial se enmarca en una investigación preliminar iniciada el pasado 18 de abril por la Fiscalía de la Nación, específicamente por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. La indagación surge tras revelaciones en un reportaje del programa Punto Final, en el que se señala que funcionarios del despacho de Espinoza, en horario laboral, habrían participado en la recolección de firmas para la inscripción del movimiento regional “Adelante Áncash”. Dichas acciones levantaron sospechas sobre posibles irregularidades en el uso de recursos públicos y logísticas del Estado.

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Este caso mantiene en vilo a la opinión pública, que cuestiona si las actividades en horario laboral fueron utilizadas con fines políticos o si corresponden a un caso de uso indebido de recursos públicos, como lo indica la denuncia penal en curso. La próxima audiencia será crucial para determinar los pasos a seguir en este proceso y esclarecer las verdaderas responsabilidades.