Fiscalía habría allanado casa de ministro Santivañez fuera de plazo.

Un nuevo capítulo de irregularidades en el sistema judicial peruano se abría destapado, cuando se ejecutó un allanamiento al domicilio del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, bajo sospechas de tráfico de influencias. Sin embargo, este procedimiento podría considerarse ilegal, ya que la autorización del juez supremo Juan Carlos Checkley había vencido el día anterior.

La resolución del juez Checkley, fechada el 3 de marzo, ordenaba que las acciones podían llevarse a cabo por un período de quince días. Como está documentado en la página 150 de dicho fallo, el plazo concluyó el martes 18, lo que significa que la Fiscalía del Ministerio Público debía solicitar una extensión basada en información actualizada, un protocolo que, evidentemente, no fue respetado. Este aspecto pone en cuestión la gestión llevada a cabo por Delia Espinoza, titular del Ministerio Público, quien delegó el caso a un fiscal que aparentemente omitió este detalle crucial.

El allanamiento, que incluyó tanto la vivienda de Santiváñez como su oficina en el Ministerio del Interior, ha levantado serias sospechas sobre el actuar de las autoridades. Testigos alegan que el ministro está vinculado a un oscuro esquema donde supuestamente solicito 20 mil dólares de las personas que previamente defendía como abogado. Este monto habían sido supuestamente destinado a sobornos a miembros del Tribunal Constitucional para obtener fallos favorables.

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Sin embargo, esta versión ha sido desmentida por el tribunal Gustavo Gutiérrez Ticse. A través de sus redes sociales, Gutiérrez compartió documentos de dos sentencias emitidas el 16 de febrero y el 14 de mayo, en las que se niegan los recursos constitucionales relacionados con el caso. Esta información, crucial para la resolución, no fue presentada al juez Checkley, lo que sugiere que se le indujo a error por parte de quien condujo la diligencia.

Dicha irregularidad no es un hecho aislado; hace apenas dos semanas se había llevado a cabo otro allanamiento contra el ministro Santiváñez, relacionado con presuntos abusos de autoridad. La situación ha generado un clima de incertidumbre que podría tener repercusiones significativas en el ámbito político y judicial del país.