Fiscalía formaliza cargos contra Luna Galvéz por presuntamente integrar una organización criminal.

En una medida que ha generado gran revuelo en el ámbito político y judicial del país, la Fiscalía ha presentado una acusación formal contra el congresista José Luna Gálvez y 16 coimputados, acusándolos de formar parte de una organización criminal con el fin de manipular el sistema electoral. La denuncia apunta a que esta red criminal se infiltró en instituciones clave del Estado, como el Consejo Nacional de la Magistratura y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el propósito de facilitar la inscripción fraudulenta del partido político Podemos por el Progreso del Perú, actualmente conocido como Podemos Perú.

Según el documento fiscal, las acciones de esta organización habrían comprometido la integridad del sistema democrático. La acusación afirma que Luna Gálvez, junto con su entorno, habría coordinado maniobras ilícitas que permitieron la inscripción irregular del partido, evadiendo los controles legales y transparentando un circuito ilegal en el ámbito electoral. La Fiscalía sostiene que estas acciones no solo vulneraron las reglas democráticas, sino que también pusieron en entredicho la confianza en las instituciones que norman los procesos electorales del país.

El Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial la adopción de medidas restrictivas, incluyendo un impedimento de salida del país por 18 meses tanto para José Luna Gálvez como para su hijo, José Luna Morales. La audiencia para evaluar esta solicitud ha sido programada para el próximo 22 de julio a las 11:00 a.m., con el objetivo de garantizar la presencia de los acusados durante todo el proceso y prevenir posibles intentos de fuga.

En sus declaraciones, la Fiscalía dejó en claro que esta investigación forma parte de un esfuerzo por poner fin a prácticas que puedan afectar la democracia y la transparencia electoral. La acusación también involucra a exfuncionarios relacionados con la inscripción y formalización del partido, quienes también están en la mira por su presunta participación en la trama ilícita.

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Las autoridades esperan que este proceso sirva para esclarecer las presuntas irregularidades y fortalecer los mecanismos de control en las instituciones electorales. Por el momento, la atención se centra en la próxima audiencia, donde se decidirá la medida de impedimento de salida, que busca garantizar la comparecencia de los imputados y evitar que el escándalo tenga mayores repercusiones en el escenario político nacional.