Fiscalía denuncia posible daño en las Líneas de Nasca.

La Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca ha abierto una pesquisa preliminar por la presunta reducción ilegal de un área de 2,397 kilómetros cuadrados que protege las famosas Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, patrimonio mundial declarado por la UNESCO. La medida, si se confirma su carácter irregular, pondría en riesgo la integridad de más de 100 sitios arqueológicos, algunos todavía en etapas de investigación y sin intervención específica, lo que incrementa la vulnerabilidad ante actividades ilícitas como el tráfico de terrenos y la minería.

La investigación involucra a varios actores relevantes en la gestión del patrimonio cultural en la región. Entre los investigados se encuentran William Bravo, alcalde provincial de Nasca; Jeanette Gutiérrez Achulla, representante de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica; y Johnny Isla, responsable del Sistema de Gestión Nasca-Palpa, también en Cultura. La Fiscalía los acusa de presuntos delitos de atentado contra monumentos arqueológicos, abuso de autoridad y omisión de deberes, en una acción que, de comprobarse, podría estar relacionada con intereses económicos que habrían favorecido la modificación del área protegida sin cumplir los procedimientos legal, técnico o arqueológico.

La resolución cuestionada, que habría reducido sustancialmente la protección de esta zona patrimonial, se habría aprobado sin la sustentación técnica y sin seguir los procedimientos legales pertinentes. La Fiscalía sostiene que estas acciones generaron un riesgo significativo para la conservación del patrimonio y la protección de los sitios, además de que podrían afectar el estatus internacional de patrimonio mundial que posee Nasca. La posible afectación crea una grave preocupación en la comunidad científica y en las autoridades patrimoniales, que ven vulnerados los esfuerzos por preservar uno de los principales íconos culturales del país.

El caso también está siendo revisado por la Fiscalía Anticorrupción de Ica y la Comisión Nacional de Cultura para determinar si existió alguna concertación o beneficio ilícito en la modificación del área protegida. La investigación se encuentra en una etapa inicial, en la que se recopilan documentos, testimonios y evidencias para esclarecer si hubo incumplimiento de deberes por parte de los funcionarios involucrados y si se atentó contra el patrimonio cultural de la nación.

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Este caso pone en evidencia las posibles vulnerabilidades en la protección del patrimonio arqueológico peruano, y genera un llamado a reforzar los mecanismos legales y éticos para actuaciones similares que puedan poner en riesgo la historia y cultura del país.