Fiscalía denuncia a Víctor Zanabria y pide su suspensión preventiva
- owenvalencia20
- 22 jul
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La Fiscalía ha presentado ante las autoridades judiciales una solicitud para suspender por 18 meses al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, en el marco de una investigación que revela posibles delitos de corrupción y mala gestión durante su gestión en la IX Macro Región Policial de Arequipa. La medida busca evitar la reiteración delictiva mientras se profundizan las indagaciones sobre las acusaciones en su contra.
El expediente fiscal, revelado por el programa Panorama, acusa a Zanabria de estar implicado en delitos que van desde peculado doloso, colusión agravada, abuso de autoridad hasta negociación incompatible. Los hechos en cuestión se relacionan con obras de remodelación en la sede policial de Arequipa realizadas entre 2019 y 2020, en las que, según las investigaciones, se habrían cometido irregularidades graves.
Uno de los principales hallazgos revela que personal policial habría sido obligado a realizar tareas de albañilería, electricidad y gasfitería fuera del horario laboral y sin ningún respaldo documental o pago adicional. En estos trabajos, se habría utilizado mano de obra policial, en algunos casos, en momentos en que los efectivos figuraban como patrullando en servicio.
El testimonio del maestro de obra, Claver Colquehuanca, resulta fundamental en esta indagación. Él relató que inicialmente recibió S/4,700 por los servicios de remodelación, pero posteriormente, en transacciones financieras posteriores, se le transfirieron más de S/17.000. Según su declaración, fue instruido por Zanabria para cobrar la totalidad de la suma y devolver la diferencia en efectivo, una presunta práctica que compromete aún más la integridad del proceso.
A complicar aún más la investigación, figuran en ella también otros oficiales de alto rango, como el coronel en retiro Francis Alarcón Gallegos, actual prefecto de Arequipa, quien también habría estado vinculado a estos hechos ilícitos.
La fiscalía justifica su pedido bajo el artículo 297 del Código Procesal Penal, que permite la suspensión preventiva de funcionarios en casos donde existen investigaciones por delitos que podrían acarrear inhabilitación, con la finalidad de evitar que continúe la posible comisión de delitos o que se altere el proceso de investigación.
Este caso ha generado gran repercusión en la región y pone en evidencia posibles prácticas irregulares en el manejo de recursos y la gestión institucional en una de las instituciones más importantes del país, la Policía Nacional del Perú. La Fiscalía, por su parte, continuará con las diligencias necesarias para determinar responsabilidades y garantizar la transparencia en el proceso.
