Fiscal de la Nación exige la cancelación de Fuerza Popular en el registro de organizaciones políticas
- owenvalencia20
- 18 sept
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La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó ante la Corte Suprema una solicitud para declarar ilegal al partido Fuerza Popular y cancelar su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). El documento, de 364 páginas, fue ingresado al mediodía de este jueves ante la Sala Constitucional y Social del máximo tribunal, y establece una serie de indicios sobre conductas que, a juicio de la Fiscalía, podrían vulnerar principios democráticos y derechos fundamentales.
Según el escrito, Fuerza Popular habría incurrido en acciones que, presuntamente, contravienen el marco democrático y atentaron contra libertades y derechos básicos de la ciudadanía. Entre las imputaciones figuran la promoción de atentados a la integridad de magistrados, funcionarios públicos y opositores políticos, así como prácticas que, en la visión del Ministerio Público, atentan contra el orden democrático establecido por la legislación vigente.
La Fiscalía fundamenta su petición en disposiciones de la Ley de Organizaciones Políticas, la cual prevé la posibilidad de cancelar la inscripción de una agrupación cuando se observen conductas que socaven el régimen democrático. En este sentido, el escrito plantea no solo la inhabilitación del partido en el registro electoral, sino también la retirada de su inscripción de cualquier otro listado oficial que lo reconozca como partido político vigente.
La solicitud de la fiscalía incluye pretensiones accesorias encaminadas a eliminar la inscripción de Fuerza Popular en registros públicos adicionales al electoral. El expediente quedó a cargo de la presidencia de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, la cual deberá evaluar la admisibilidad y el trámite correspondiente para continuar con el proceso.
La defensa de Fuerza Popular podría responder a estas imputaciones con argumentos basados en la interpretación de la Ley de Organizaciones Políticas y en estándares constitucionales que salvaguardan la participación política. En las próximas semanas se espera que el tribunal determine si la petición de la fiscalía reúne los requisitos para avanzar y, de ser así, la relevancia de las medidas solicitadas dentro del marco legal vigente.
Este caso podría marcar un precedente significativo en la manera en que se supervisa y se regula la actividad de las agrupaciones políticas en el país, así como en las fronteras entre la libertad de asociación y la protección de las instituciones democráticas. La Corte Suprema no solo evaluará la legalidad de la solicitud, sino también la compatibilidad de las pretensiones con el debido proceso y las garantías constitucionales de las partes involucradas.
En desarrollo de la noticia, especialistas en derecho electoral señalan que, si bien la fiscalía apunta a una acción de alto impacto institucional, el proceso debe cumplir con principios de razonabilidad, debido proceso y evidencia suficiente para sustentar la cancelación de una inscripción que, además, podría afectar la dinámica política del país.
