Extorsiones obligan a colegios a invertir hasta un 15% más en seguridad.

El inicio del año escolar en Perú se ha convertido en un escenario de crisis debido al aumento de extorsiones dirigidas a colegios privados. Bandas delictivas están aprovechando este período para amenazar a directores y personal administrativo, exigiendo pagos que oscilan entre S/ 10,000 y S/ 70,000 bajo la amenaza de violencia. Esta situación ha llevado al cierre temporal de varias instituciones educativas, generando pérdidas económicas que superan el millón de soles y dejando a miles de estudiantes sin clases.

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), estas extorsiones se han concentrado principalmente en Lima y otras regiones del país, donde los delincuentes operan con impunidad, aprovechando la falta de seguridad en las zonas aledañas a los centros educativos. Ante las amenazas, muchos colegios han optado por suspender temporalmente las clases, lo que no solo afecta a los estudiantes, sino que también impacta económicamente a las instituciones, que deben enfrentar costos adicionales en seguridad y, en algunos casos, daños a su infraestructura.

Justo Zaragoza, director del Grupo de Educación para el Futuro, explicó que el cierre de un colegio puede generar pérdidas de aproximadamente un millón de soles, considerando la inversión en equipos tecnológicos, infraestructura, indumentaria escolar y otros elementos necesarios para brindar una educación de calidad. Además, en casos donde los locales son alquilados, los propietarios dejan de percibir entre S/ 5,000 y S/ 7,000 mensuales.

"Es una cadena de pérdidas que no solo afecta a los empresarios, sino que también pone en riesgo la integridad educativa de los alumnos, muchos de los cuales se quedan sin estudiar o recurren a opciones no autorizadas", señaló Zaragoza. Agregó que, para reabrir un colegio, el proceso de obtención de licencias puede extenderse por meses, prolongando las pérdidas económicas.

Los colegios han incrementado su inversión en medidas de seguridad, destinando entre un 10% y 15% adicional de su presupuesto total. Esto incluye la instalación de cámaras, la contratación de personal de vigilancia en tres turnos y la implementación de sistemas de seguridad avanzados. Según Zaragoza, estos costos han aumentado significativamente en comparación con el año anterior, cuando oscilaban entre el 5% y el 8%.

"Cuando los colegios cierran, muchos estudiantes dejan de estudiar o recurren a opciones no autorizadas, lo que agrava el problema y pone en riesgo su formación académica", afirmó el especialista.

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César Ortiz, director de Aprosec (Asociación Pro Seguridad Ciudadana contra la Criminalidad del Perú), advirtió que la situación podría empeorar si las autoridades no toman medidas urgentes. "El número de colegios extorsionados podría crecer un 30% si no se actúa con firmeza", aseguró. Ortiz también criticó la falta de coordinación entre las instituciones encargadas de garantizar la seguridad, como la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, y señaló que la politización de estas entidades dificulta una reforma estructural necesaria para enfrentar el problema.

"El ministro del Interior ataca a la Fiscal de la Nación de forma pública y descarada. En una situación de crisis como la que vivimos, esto es un absurdo. Con el manejo actual del Gobierno, es imposible pedir una reforma estructural", expresó Ortiz.

Ante esta ola delincuencial, Aprosec brindó una serie de recomendaciones para minimizar los riesgos. Entre ellas, sugirió a los padres de familia organizarse para llevar a sus hijos al colegio en grupos, variar rutas y horarios, y verificar la confiabilidad de los servicios de transporte escolar. Para los colegios, se recomendó establecer redes de comunicación con padres y autoridades, contar con un profesional responsable de la seguridad integral y mantener un registro riguroso de visitantes.

Esta crisis no solo evidencia el impacto de la delincuencia en el sector educativo, sino que también refleja un desafío más amplio en la lucha contra la inseguridad en Perú, donde la extorsión se ha convertido en un delito recurrente que afecta a empresas e instituciones fundamentales como los colegios.

Con información de Diario Gestión

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