Exjefe de la Dircote: paro del transporte denuncian abandono del gobierno

En medio de un reclamo que cruza el país, especialistas y autoridades coinciden en que el actual paro de transportistas responde a una lógica de sobrevivencia más que a fines políticos, según sostiene José Baella, exjefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú. En una conversación pausada y contundente, Baella advierte que la inestabilidad cotidiana que enfrentan conductores y cobradores de peajes, además de las extorsiones y asesinatos, demuestra la urgencia de un diagnóstico distinto al que se ha dado desde ciertos sectores del poder.

“Este paro es, ante todo, una medida de emergencia para subsistir, no una maniobra política”, afirmó el exfuncionario en una entrevista con un canal de televisión nacional. Con cifras que, según su lectura, indican una escalada de violencia contra el transporte, Baella señala que más de quinientos transportistas han perdido la vida durante el reinado de Dina Boluarte, una cifra que, a su juicio, subraya una falla estructural en la protección de estos trabajadores.

La crítica central de Baella apunta a la capacidad del Estado para enfrentar la inseguridad y, en particular, a las limitaciones que, según él, impiden a la Policía rastrear llamadas de extorsión o identificar números telefónicos que participan en estas prácticas, lo cual, en su visión, revela una brecha tecnológica grave que debilita la respuesta de seguridad.

Frente a estas deficiencias, el exjefe de la Dircote propone un plan que no recurra a armar a los conductores, sino a fortalecer al sistema policial con herramientas modernas e inteligencia operativa. Entre las líneas de acción que resalta figuran la instalación de cámaras de vigilancia en las unidades de transporte, conectadas a centros de control policial, así como operaciones encubiertas y seguimientos a bandas criminales, como componentes de un enfoque integral para la seguridad en el transporte.

En otro tramo de su intervención, Baella aborda la renuncia de Juan Santiváñez al Ministerio de Justicia. Según su lectura, la salida del funcionario obedece a una estrategia para postular al Congreso en 2026, y considera que su gestión estuvo orientada más a proteger al Ejecutivo que a impulsar reformas reales en el sector justicia. En ese mismo plano, el exjefe de la Dircote enfatiza la necesidad de un balance entre seguridad y reformas institucionales, destacando que la protección de la ciudadanía debe ser una prioridad constante.

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La conversación, que abarca desde el paro hasta las posibles reformas ministeriales, dibuja un panorama en el que la seguridad en las calles y las carreteras no puede permanecer al margen de una modernización tecnológica y de una coordinación interinstitucional sostenida. Baella invita, en conjunto, a una reflexión sobre las prioridades del Estado: proteger a quienes trabajan todos los días para mantener el flujo económico y el servicio público, y, al mismo tiempo, fortalecer las herramientas que permitan a las fuerzas del orden actuar con efectividad y precisión.

Entre la audiencia y los lectores queda la pregunta: ¿cuáles serán las medidas prioritarias para reducir la violencia contra los transportistas y garantizar un funcionamiento más seguro de la cadena de suministro en el corto y mediano plazo? La respuesta, en la experiencia de Baella, parece pasar por una inversión decidida en inteligencia policial, tecnología de rastreo y vigilancia, y una coordinación que transforme la seguridad en una política de Estado, y no en un debate aislado.