Ex presidente Vizcarra niega haber presionado a postores en licitaciones regionales

Martín Vizcarra rompió su silencio este lunes 20 de octubre para volver a negar cualquier intervención en los procesos de licitación de dos obras públicas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. En una intervención ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, el exmandatario sostuvó que no participó ni presionó a favor de ningún postor en las licitaciones de las obras conocidas como Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, desafiando las imputaciones del Ministerio Público.

La Fiscalía ha solicitado para Vizcarra una pena de 15 años de prisión efectiva, además de nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, como parte de la acusación por presunto cohecho pasivo propio. En su declaración, el exmandatario afirmó que las acusaciones se basan en hipótesis y versiones que, afirmó, no tienen sustento en hechos verificables.

“El Ministerio Público manifiesta que yo he intervenido en este proceso para beneficiar a un postor. Ya han hablado incluso, porque así lo ha dicho él, el representante de la empresa Obrainsa, Elard Paul Tejeda, que le dijeron que yo le dije que no podía hacer una propuesta mayor de ochenta y un millones de soles”, dijo Vizcarra, citando palabras que, según él, reflejan el testimonio de una de las partes involucradas. En su relato, añadió que “no tuve participación alguna en los procesos internos de selección y adjudicación de las obras señaladas”.

El exmandatario insistió en la idea de que los procesos de licitación estuvieron a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios (UNOPS) y no de las dependencias del Gobierno Regional de Moquegua ni del Proyecto Especial Pasto Grande, entidad ejecutora de las obras. Según su versión, la intermediación y la supervisión de las licitaciones respondían a esquemas administrativos distintos a los que se le atribuyen, y que, por lo tanto, no habría responsabilidad personal en las decisiones de adjudicación.

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El debate judicial, que continúa con la presencia de la defensa y el Ministerio Público, se inscribe en un contexto de alta expectativa pública. La defensa de Vizcarra ha buscado desde antes demostrar la falta de pruebas concluyentes que vinculen al exmandatario con acciones de cohecho, mientras que la Fiscalía mantiene la imputación como parte de un caso mayor de presunta corrupción vinculada a decisiones administrativas de alto perfil regional.

Las próximas sesiones podrían delinear con mayor claridad la trayectoria de las investigaciones y las diversas versiones de los actores involucrados, incluyendo testimonios de representantes de empresas privadas y de funcionarios regionales. Por ahora, Vizcarra se mantiene firme en su tesis de no haber ejercido ninguna influencia indebida y de haber delegado las licitaciones a entidades técnicas especializadas, reiterando que “los procesos de licitación estuvieron a cargo de la UNOPS y no de las dependencias del Gobierno Regional ni de Pasto Grande”.