Espinoza y Benavides en guerra judicial y amenazas.

El conflicto entre Delia Espinoza, presidenta de la Junta de Fiscales Supremos, y Patricia Benavides, fiscal de la Nación, ha escalado a una nueva fase marcada por denuncias y amenazas, en medio de una inestabilidad judicial que mantiene en vilo al país. La tensión inició con una disputa legal en torno a la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la cual ordenaba la restitución de Benavides en su cargo, situación que Espinoza y la Junta de Fiscales han rechazado de forma unánime.

Este rechazo se evidenció en las sesiones que se realizaron en los últimos días, en las cuales la Junta de Fiscales expresó que no reconocían la validez de la resolución de la JNJ, enviando incluso la orden de devolución de la resolución a esa institución para que remitan un nuevo documento que confirme la firma de los siete miembros del pleno de la JNJ. La postura de la Fiscalía busca, en teoría, resolver el conflicto legal, aunque las fisuras parecen profundizarse en medio de las acciones particulares en las que ambas partes se han involucrado.

Uno de los hechos más graves fue la presentación por parte de Espinoza de un hábeas corpus ante la Corte Superior de Justicia de Lima, en la que advirtió que podría ser detenida arbitrariamente por la Policía Nacional. La argumentación principal giraba en torno a la posible ejecución de órdenes de detención bajo supuestos de flagrancia inexistentes, relacionadas con presuntos delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad, en respuesta a la conflictiva resolución de la JNJ. La medida fue solicitada con el objetivo de proteger su libertad personal y evitar una detención que a su juicio sería ilegal y arbitraria.

Por su parte, el abogado de Benavides, Juan Peña, afirmó que su clienta ya ostenta oficialmente el cargo de fiscal de la Nación y que cualquier acto de Espinoza en su calidad actual sería considerado usurpación de funciones, lo cual podría acarrear sanciones penales. Peña aseguró que han notificado a diferentes instituciones, incluyendo el Congreso y la Policía Nacional, sobre los hechos acontecidos, y que evaluarán presentar denuncias penales contra Espinoza por resistencia a la autoridad, en caso de que esta continúe actuando fuera de sus competencias.

El escenario se complejiza aún más con la intervención del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien exhortó a la Junta de Fiscales y a la misma JNJ a resolver y cumplir con la resolución 231-2025, que ordenó la restitución de Benavides como fiscal de la Nación. Gutiérrez recalcó que la institución debe acatar las decisiones emanadas del órgano competente y que la Defensoría respaldará cualquier resolución judicial que se dicte.

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En el plano judicial, el juez supremo Segismundo León programó una audiencia para el 24 de junio, en la cual se determinará si suspende a Patricia Benavides por un período de 36 meses, ante el pedido de Espinoza, quien argumenta que su continuidad pone en riesgo la investigación en su contra relacionada con la red corrupta de Los Cuellos Blancos del Puerto. La fiscalía y los abogados de Benavides se mantienen en una postura de confrontación, que claramente no se vislumbra cerca de resolverse en el corto plazo.

Este enfrentamiento, que involucra acusaciones, amenazas, acciones judiciales y maniobras institucionales, ha puesto de manifiesto la profunda crisis política y judicial que atraviesa el país, con actores que parecen más enfocados en defender sus intereses que en buscar una solución definitiva a un conflicto que amenaza con seguir derivando en un escenario de inestabilidad e impunidad.