Espinoza sin custodia: el ministro y la PNP bajo cuestionamiento por discrepancias
- owenvalencia20
- 21 sept
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En medio de la polémica por la suspensión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, la figura del abogado de la exprimera plana, Luciano López, tachó de “lamentable” la decisión de la Policía Nacional del Perú (PNP) de retirar la custodia y protección que le prestaba el Departamento de Protección de Funcionarios y Personalidades del Estado (DEPPFEP). La resolución, confirmada el sábado por un comunicado oficial de la PNP, enmarca la medida dentro de la normativa vigente y señala que la protección fue suspendida de inmediato ante la suspensión del cargo dictada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Para López, la decisión no solo es injustificada, sino además peligrosa para la integridad de Espinoza. En declaraciones a RPP, el abogado responsabilizó directamente al ministro del Interior, Carlos Malaver, y al director de la PNP por cualquier eventual atentado contra la vida de la exfiscal de la Nación. “Cualquier atentado contra la vida y la integridad de la doctora Espinoza es de entera responsabilidad del ministro Malaver y del director de la Policía Nacional, porque fueron advertidos antes”, afirmó.
La controversia se agrava al contrastar este caso con situaciones previas en las que funcionarios suspendidos por instancias judiciales o administrativas continuaron recibiendo custodia. López refirió, en alusión a hechos pasados, que cuando Patricia Benavides fue suspendida por orden judicial, recibió custodia personal por disposición del propio ministro Malaver, quien entonces la definió como una “personalidad pública”. “Es un trato inconstitucional, porque todas las personas tenemos derecho a ser tratadas de la misma manera en situaciones similares. Mi clienta ha enfrentado ataques por el trabajo que desarrolló contra la corrupción del poder y debería tener la misma protección”, insistió.
El abogado subrayó que la seguridad no debería depender de interpretaciones administrativas puntuales cuando se trata de una figura expuesta a ataques por su labor contra la corrupción. Además, reiteró que Espinoza ha mostrado advertencias sobre posibles riesgos y señaló que la ausencia de custodia podría generar vulnerabilidad no solo para ella, sino para el entorno institucional.
La JNJ se ha mantenido en silencio respecto a estos cuestionamientos, mientras la PNP reiteró que la medida respeta la normativa vigente y que la separación de funciones de protección busca salvaguardar la legalidad del proceso disciplinario. Expertos en derecho constitucional destacan que, en situaciones de alta exposición pública, la seguridad de funcionarios y exfuncionarios debe evaluarse con criterios homogéneos para evitar señales de trato privilegiado o discriminatorio.
Este episodio reabre el debate público sobre la protección de figuras señaladas por investigaciones de corrupción y el equilibrio entre la seguridad personal y la integridad del proceso judicial. Mientras la defensa de Espinoza insiste en que la retirada de la custodia configura una vulnerabilidad grave, el análisis institucional apunta a la necesidad de revisar protocolos para asegurar que las decisiones se apliquen de forma equitativa, sin impactos desproporcionados en la seguridad de las personas involucradas.
