Espinoza exige reparación civil por difamación y acusa a Rospigliosi de falta de rectificación

En una rueda de prensa realizada hoy, la fiscal suspendida Delia Espinoza confirmó haber interpuesto una querella contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, por presuntas difamaciones que, a su juicio, han menoscabado su honra. Espinoza detalló que acudió a la vía judicial luego de que el titular del Parlamento no se rectificara ante una serie de calificativos graves emitidos contra su persona.

“Primero me había tildado de aliada del terrorismo y de economías ilegales, y luego, cuando me dijo por primera vez que era desquiciada… [no se rectificó]. Se presentó la querella ante el Poder Judicial, ante la Corte Suprema, por el rango que tiene el señor”, afirmó Espinoza en declaraciones a Infobae durante la conferencia de prensa.

La exmagistrada sostuvo que solicita S/ 1 millón en concepto de reparación civil para donarlo a un fin benéfico: el Hospital de Neoplásicas, destinado a atender a niños que padecen cáncer. Según su relato, el propósito es convertir la reparación en una contribución para quienes más lo necesitan, confiando en la posibilidad de una resolución favorable.

“No dispongo del dinero; para mí ni un centavo. ¿Por qué? Porque si ha habido una falta de respeto, una difamación que ha mellado mi honor personal, y que este señor aprenda a lavarse la boca antes de hablar de una dama”, expresó la magistrada ante la prensa.

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Espinoza subrayó que, si bien la querella persigue que se restituya su imagen y dignidad, también persigue un mensaje claro para la vida pública: la importancia de una conducta responsable y respetuosa en el discurso político. No obstante, afirmó que mantiene su voluntad de colaborar con las instituciones para esclarecer los hechos en los tribunales y aclarar cualquier malentendido.

La defensa de la demandante reiteró que la acción legal no busca afectar la labor legislativa de manera general, sino responder a hechos puntuales en los que se cuestiona la integridad personal de Espinoza. Por su parte, representantes de Rospigliosi no se han pronunciado aún de forma pública sobre la querella.

Este caso, que involucra a dos figuras de relevancia política, añade una nueva dimensión al debate sobre el límite entre la libertad de expresión y el daño a la honra personal en el ámbito público. El proceso judicial podría arrojar luz sobre cómo se deben calibrar las declaraciones de autoridades y figuras políticas cuando se dirigen contra otros actores del Estado.