Espinoza envía formalmente la solicitud de entrega del cargo de fiscal de la Nación a Tomás Gálvez
- owenvalencia20
- 11 nov.
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En medio de una confrontación institucional que continúa alimentando el debate sobre la independencia y la continuidad de la autoridad judicial, la magistrada Delia Espinoza ha remitido este viernes un escrito formal al fiscal supremo Tomás Gálvez para solicitar la entrega del cargo de fiscal de la Nación. La acción llega tras la orden del Poder Judicial, que dispuso su restitución en la jefatura del Ministerio Público para restablecer su condición de fiscal de la Nación y poner fin a la suspensión que la había separado de sus funciones.
La solicitud, presentada por Espinoza, se apoya en la resolución del Noveno Juzgado Constitucional, emitida recientemente, que ordena a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) restituirla en el cargo en un plazo máximo de dos días. Según el fallo, la JNJ habría incumplido de manera parcial una medida cautelar anterior, limitando los alcances de la suspensión y, por ende, afectando el normal desempeño de la Fiscalía.
En su escrito, Espinoza sostiene que “corresponde suspender las gestiones institucionales propias del Fiscal de la Nación” ante la proximidad del término del interinato de Gálvez, y afirma que esas funciones deben retomarlas en su condición de titular legítima. Adicionalmente, solicita a Gálvez designar a la persona que presidirá la comisión encargada de la transferencia de gestión, como parte de un proceso que, a su juicio, debe realizarse con respeto a la legalidad y a la institucionalidad pública.
El trasfondo del episodio es la decisión judicial que ordenó la reposición de Espinoza y la revisión de la actuación de la JNJ, que habría interpretado de forma restrictiva una medida cautelar y, de ese modo, dejó vigentes ciertos cargos disciplinarios. La resolución judicial subraya que ninguna entidad pública tiene la facultad de “calificar, restringir o interpretar” el alcance de una resolución judicial, especialmente cuando esa interpretación afectó derechos fundamentales y la ejecución de la medida cautelar.
El fallo, emitido en noviembre, sostiene que la medida cautelar de octubre de 2025 tenía como objetivo proteger derechos fundamentales y suspendía el proceso disciplinario en su totalidad. No obstante, la JNJ habría continuado con la tramitación de algunos cargos (los cargos 3 y 4) argumentando que no formaban parte del alcance de la mencionada medida. El juez señala que esa interpretación vulnera el principio de cumplimiento directo y obligatorio de las resoluciones judiciales y ordena la restitución inmediata de Espinoza en el cargo, además de suspender el proceso disciplinario en su totalidad.
Repercusiones y consideraciones
Este episodio pone en evidencia tensiones entre la autonomía de la Fiscalía y los mecanismos de supervisión establecidos para garantizar la imparcialidad y la legalidad. Expertos en derecho constitucional destacan la importancia de que las instituciones judiciales y administrativas actúen con claridad y coordinación para evitar vacíos de poder o interpretaciones contradictorias que puedan afectar la gobernabilidad del sistema judicial.
La situación podría abrir un cauce para debates sobre los límites de la intervención administrativa en procesos disciplinarios y la necesidad de procedimientos estables que garanticen la continuidad de las funciones de la Fiscalía en momentos de transición institucional.
