Entre la política y la justicia: México, Perú y un dilema de asilo que divide posiciones

Betssy Chávez, la exministra que hoy busca refugio en la embajada de México, enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el fallo que desembocó en un quiebre democrático. En marzo de 2023, en diálogo con Punto Final, ella afirmó: “Yo a la prisión no le tengo miedo”. Dos años después, esas palabras resuenan en un contexto distinto: la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema aproxima la resolución final del caso.

La decisión de solicitar asilo político, y de refugiarse en territorio mexicano, no es casual. Se produce a pocos meses de conocerse la sentencia que podría sellar su destino judicial. Mientras tanto, Chávez no puede abandonar el país sin la emisión de un salvoconducto por parte del Estado peruano, un mecanismo cuya viabilidad y alcance es objeto de intenso debate entre especialistas consultados por Correo.

La Convención de Caracas de 1954, que regula el asilo político entre países, establece límites claros: no es lícito conceder asilo a personas acusadas o procesadas por delitos comunes al tiempo de la solicitud, salvo que los hechos justifiquen un carácter político de la persecución. En este caso, México ha considerado justificables elementos políticos en el contexto del conflicto institucional que marcó la última etapa del gobierno de Pedro Castillo. Las disposiciones de la convención han sido objeto de análisis y discrepancias entre juristas y observadores.

La postura de México, que ya durante la administración de Andrés Manuel López Obrador mantuvo salvaguardas a figuras vinculadas a procesos por situaciones de crisis constitucional, dio paso a una declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que “fue totalmente injusto la detención de Castillo”. Estas declaraciones alimentan el cruce de interpretaciones sobre si la decisión mexicana fue, o no, estrictamente compatible con la carta de Caracas y con la práctica diplomática vigente.

En el Perú, expertos consultados advierten que la figura del asilo político, concebida para proteger a individuos en circunstancias políticas, ha sido objeto de revisión y debate. El excanciller y otros analistas subrayan que la convención permite excepciones cuando la naturaleza de los hechos reviste un claro carácter político, pero la aplicación de esa excepción depende del Estado solicitante. Frente a ello, algunos señalan que se debe abrir un debate sobre posibles reformas o aclaraciones para evitar que casos similares debiliten la confianza en las instituciones democráticas.

Publicidad

Mientras tanto, en el terreno judicial interno, la situación procesal de Chávez continúa siendo objeto de controversia. El tribunal decidió proseguir con el juicio oral sin su presencia, y si bien se discutió la posibilidad de declarar reo contumaz, la decisión final fue no adoptar esa figura. La defensa ha señalado la necesidad de garantizar el debido proceso, incluso ante la imposibilidad de la comparecencia de la exfuncionaria. En este contexto, el juicio entra en una fase de alegatos finales que podría definir, en última instancia, el veredicto y la responsabilidad penal.

Este expediente plantea preguntas sobre límites, responsabilidades y los márgenes entre la política y la justicia en un país que busca consolidar su sistema democrático. La evolucióndel caso, la tramitación de salvoconductos y la gestión internacional de asilos políticos seguirá siendo tema de análisis, críticas y debate público en las próximas semanas.