Encuentran los cuerpos de 13 mineros secuestrados en Pataz en un socavón, con indicios de ejecución.

Las autoridades confirmaron que los 13 mineros secuestrados en la provincia de Pataz, en La Libertad, fueron localizados sin vida en un socavón de difícil acceso, con signos claros de haber sido ejecutados mediante disparos en la cabeza. La noticia ha generado consternación y evidencia la grave crisis de seguridad que atraviesa la región minera, a pesar del estado de emergencia declarado en la zona.

Los trabajadores, que brindaban servicios a una minera artesanal vinculada con la compañía Minera Poderosa, estaban en paradero desconocido desde el pasado 25 de abril. Sus familiares y la policía expresaron su indignación ante la aparente inacción ante las amenazas previas que, denuncian, no fueron atendidas a tiempo.

Fuentes oficiales informaron que los cuerpos fueron hallados en un socavón, en condiciones que apuntan a una ejecución selectiva. La víctimas formaban parte de la empresa contratista R&R, que operaba en el sector como parte de los acuerdos con mineros en proceso de formalización. La noticia fue recibida con indignación por los sectores sociales, políticos y organizaciones de derechos humanos, que repudian la impunidad y la violencia en el corredor minero.

Por su parte, Minera Poderosa emitió un comunicado lamentando claramente que, en medio de los enfrentamientos ocasionados por la minería ilegal, sus operativos hayan estado en riesgo y que todavía no se hayan logrado resultados concretos para la recuperación del control en la zona. La empresa también destacó que, desde 2020, ha reportado el abandono de varias concesiones ante la amenaza creciente de mafias y delincuencia organizada en el área, pese a la presencia de fuerzas del orden y el estado de emergencia.

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El gobierno, a través del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, inicialmente afirmó que la minera no tenía vínculo con los trabajadores secuestrados, aunque posteriormente la confirmación de la contratación de una minera artesanal generó diversas dudas sobre la veracidad de esa declaración. La investigación del caso ha sido asumida por la Fiscalía Provincial Mixta de Tayabamba, mientras que los cuerpos ya están en proceso de autopsia y diligencias forenses.

Los familiares de las víctimas exigen justicia y mayor protección, pues continúan enfrentando amenazas y peligros en una zona considerada peligrosa por la presencia de organizaciones criminales que controlan las actividades mineras ilícitas. La masacre refleja una preocupante incapacidad del Estado para salvaguardar la vida y la integridad de quienes trabajan en condiciones precarias en el contexto de una minería en la mira de mafias cada vez más poderosas.