El Supremo da luz verde a Trump para acabar con protección legal a medio millón de migrantes.

En una decisión que ha generado amplias controversias y repercusiones en el ámbito migratorio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha autorizado al gobierno del expresidente Donald Trump a retirar un programa que otorgaba protección y estatus legal temporal a más de 500,000 migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua.

La resolución, dictada este viernes con un voto de siete a dos, permite al Departamento de Seguridad Nacional ejecutar la revocación del llamado "parole humanitario" que había sido ampliado en enero de 2023 por la Administración Biden para facilitar la inmigración legal de estas nacionalidades.

La decisión llega en medio de un contexto de políticas migratorias cada vez más restrictivas por parte del gobierno republicano, que busca endurecer la frontera y limitar la llegada de inmigrantes. La Administración Trump había impugnado una resolución anterior de una jueza federal del estado de Massachusetts, que consideraba ilegal la cancelación del estatus de "parole" sin un análisis caso por caso. El fallo del Supremo, que ahora queda sin efecto, abre la puerta a que estas personas puedan perder su protección legal en Estados Unidos y enfrentarse a la posibilidad de ser expulsadas.

El voto favorable a la reversión fue liderado por la mayoría conservadora del tribunal, mientras que las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson expresaron su desacuerdo. En su opinión, la jueza Brown Jackson calificó el fallo como “una chapuza” y advirtió las graves consecuencias que podría acarrear para los migrantes afectados. En su escrito, subrayó que "el tribunal literalmente ha hecho una chapuza con su dictamen hoy" y criticó que la decisión no exige prácticamente nada al gobierno en términos de daño irreparable.

Brown Jackson argumentó que este fallo deja en una situación insostenible a casi medio millón de migrantes, quienes enfrentan dos opciones peligrosas: either abandonar Estados Unidos y enfrentar los riesgos y peligros en sus países de origen, o permanecer en suelo estadounidense después de que expire su "parole" y arriesgarse a una expulsión automática que podría separarlos de sus familias y poner en riesgo su integridad física y emocional.

Esta decisión del Supremo no solo reviste una gran importancia por su alcance, sino también por ser el segundo fallo en menos de dos semanas en un tema que polariza a la política migratoria en EE.UU. hace apenas 10 días, el máximo tribunal autorizó también la retirada del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para unos 350,000 migrantes venezolanos.

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El regreso de Trump a la Casa Blanca en 2024 con la promesa de “endurecer enormemente” las políticas migratorias del país ha sido uno de los principales catalizadores de estas decisiones, que buscan reducir la llegada de inmigrantes y reforzar las políticas de expulsión y control en la frontera sur. El "parole humanitario", que en su momento fue ampliado por Biden para facilitar la entrada legal y la permanencia temporal de ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, ahora está en el centro de una estrategia legal que puede cambiar radicalmente las condiciones para estos migrantes.

Para muchos, esta resolución evidencia una tendencia a reforzar las políticas migratorias restrictivas, poniendo en riesgo la protección que por años brindó este mecanismo humanitario. Sin embargo, para quienes apoyan una política más dura, representa un paso necesario para controlar los flujos migratorios y mantener la seguridad del país. La tensión entre estas posiciones continúa alimentando un debate intenso y polarizado, en un país donde la cuestión migratoria sigue siendo uno de los temas más divisivos en la política estadounidense.